ESPAÑA EN QUIEBRA: Zapatero avisa de que está listo para un 'decretazo'

JUAN EMILIO MAÍLLO / Madrid
Zapatero avisa de que está listo para un 'decretazo'
Las reuniones que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mantuvo el pasado jueves con los máximos responsables de Comisiones Obreras, UGT, CEOE y Cepyme sirvió para algo más que para explicar el duro ajuste económico impuesto por el jefe del Ejecutivo.
Zapatero aprovechó para testar el grado de cocción de la reforma del mercado de trabajo que sindicatos y patronal llevan preparando con el Gobierno desde inicios del presente año, tras el fallido intento del pasado.
El presidente dejó claro a sus interlocutores que, o se ponen de acuerdo de forma inmediata, o habrá reforma laboral por decreto, el manido decretazo que se llevan a la boca los sindicatos cuando se saca adelante cualquier reforma sin su visto bueno.
El mensaje fue recibido por Ignacio Fernández Toxo (CCOO), Cándido Méndez (UGT), Gerardo Díaz Ferrán (CEOE) y Jesús Bárcenas (Cepyme).
Y tres de los interlocutores, según la información recabada por EL MUNDO, están dispuestos a cumplir la orden del presidente. No tanto por esa amenaza de legislar, como por el hecho de que las partes son conscientes de que, tras meses de trabajo, no ha lugar para marear más la perdiz.
¿Quién es la excepción de los cuatro patas del diálogo social? El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, quien no está por la labor de suscribir en estos momentos una reforma que considera alejada de los planteamientos que requieren las empresas.
Otras fuentes empresariales consultadas por este diario apuntan a la debilidad que tiene en estos momentos el jefe de la patronal como consecuencia de los graves problemas que atraviesa una buena parte de sus empresas.
«Si Díaz Ferrán firma la reforma laboral, sabe que al día siguiente está fuera de la CEOE», opina un interlocutor empresarial. Cada vez son más las voces dentro de la patronal que reclaman a su presidente un paso atrás.
Por el lado sindical, sin embargo, sucede todo lo contrario. El calendario aprieta y les conviene suscribir el acuerdo para la reforma del mercado de trabajo lo antes posible.
Los sindicatos quieren separar lo máximo que puedan la foto del acuerdo de la huelga general que han convocado en la función pública para el 2 de junio.
«No tiene sentido», dice una fuente sindical, que haya una foto de un acuerdo con Zapatero dos días antes de convocar a los funcionarios para ir a la huelga contra el recorte salarial impuesto por el propio presidente del Gobierno.
«Necesitamos tiempo para preparar a la gente para el conflicto», ha transmitido uno de los líderes sindicales.
Tanto Comisiones Obreras como UGT han descartado, sin embargo, la convocatoria de una huelga general contra el Gobierno. Zapatero también lo sabe porque así se lo transmitieron Toxo y Méndez en la reunión que mantuvieron el pasado jueves.
Tratarán de canalizar la movilización a través de los funcionarios, lo que reduce de forma notable el grado de intensidad de la protesta programada por las centrales sindicales contra la decisión del Gobierno, que se plasmará en los acuerdos que el Consejo de Ministros adopte en su reunión de la próxima semana.
Zapatero, salvo cambio en la estrategia sindical durante los próximos días, se librará de una huelga general que sí que persiguió a sus dos antecesores inmediatos. Felipe González se enfrentó a dos paros generales. Fueron el 14 de diciembre de 1988 y el 27 de enero de 1994. Y José María Aznar la vivió en sus carnes el 20 de junio de 2002.. P. R. / Madrid
La movilización sindical será en la calle
CCOO prepara una «movilización general en la calle y en las empresas», y UGT, una «respuesta social proporcionada y contundente» a las medidas de ajuste anunciadas por el Gobierno. Pero la decisión sobre la huelga general se pospone. Si se produce, será una convocatoria unitaria, aclaran ambos sindicatos. Y si, según CCOO, «se mantienen y profundizan medidas equivocadas e injustas como las propuestas».
En las reuniones, ayer, de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT y de los secretarios generales de las federaciones y organizaciones territoriales de CCOO, se reiteraron las expresiones de condena y rechazo de los recortes contra el déficit, pero nada más. UGT remite a las convocatorias de su Consejo (el lunes) y su Comité Confederal (el día 26) para ulteriores decisiones, y CCOO anuncia la apertura de un debate en sus órganos de dirección para «madurar las iniciativas de movilización».
De momento, ya están en marcha las concentraciones del próximo jueves, el día en que el Consejo de Ministros aprobará los ajustes, y la huelga del sector público del 2 de junio. La anarcosindicalista CGT abre el calendario con una manifestación, mañana en Madrid. Además, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, reclamó ayer en Telecinco una movilización de los pensionistas y reiteró que no descarta «otros escenarios, que se irán concretando en próximas fechas».
Por el contrario, en el comunicado emitido por UGT tras la reunión de su Comisión Ejecutiva ni siquiera se menciona la huelga general. Eso sí, reprocha al presidente del Gobierno que haya cedido a la presión de los mercados financieros y que los recortes hayan «quebrado la confianza social». Fuentes de UGT aseguraron que la idea que se está estudiando, en principio, es organizar una «gran movilización general», con manifestaciones en toda España, para antes del 2 de junio, cuando paren los empleados públicos. «Este sindicato siempre ha sabido muy bien administrar las convocatorias de huelga general», resaltaron. «Lo fácil», añadieron, «es convocarla, pero también hay que pensar en el día siguiente». Las mismas fuentes se mostraron a favor de movilizar a los jubilados, ante un paquete de medidas «inédito en la democracia». Es la primera vez que se congelan las pensiones desde que en 1985 se decidió por ley su revalorización al comienzo de cada ejercicio, de acuerdo con el IPC previsto para ese año.
Para el sindicato USO, en cambio, no cabe duda de que debe convocarse una huelga general, de la que el paro de los empleados públicos el 2 de junio debe ser sólo «el primer paso».
El Gobierno, por su parte, hizo ayer un guiño a los sindicatos: la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, les agradeció la «responsabilidad» con la que, a su juicio, han actuado durante los dos últimos años, y que se mantengan en la Mesa del Diálogo Social pese a su rechazo a las medidas de ajuste contra el déficit, informa Efe.
SALVADOR SOSTRES
El drama son los funcionarios
El drama de la crisis no es una cuestión de porcentajes, sino un asunto moral. Un determinado estado de las cosas. El drama no es recortar un 5% el sueldo de los funcionarios, sino que ya todas las encuestas indiquen que los jóvenes prefieren ser funcionarios antes que empresarios.
El drama es que el sueldo de un funcionario no dependa de la calidad de su trabajo, ni de si rinde con responsabilidad o es de los que pide la baja por un simple resfriado. El drama es que sepan que tienen su puesto de trabajo garantizado, porque a la larga nadie lucha por lo que tiene asegurado. El problema es la moral funcionaria, y la degradación de la vida pública que esta moral conlleva.
El drama de la crisis no es que un empresario tenga que pagarle más o menos sueldo a un empleado, sino que este sueldo esté regulado por un convenio. El drama no es la cifra, sino el concepto. El drama es que las relaciones laborales en España estén secuestradas por los sindicatos y que patrón y trabajador no puedan entenderse libremente.
El drama es que la justicia no se basa en la justicia, sino en la igualdad, de modo que un empresario no puede premiar a un buen trabajador con un sueldo más alto porque no puede deshacerse del gandul -ni tan sólo del que manifiestamente le roba- sin casi arruinarse con la indemnización.
El drama no es que los trabajadores tengan derechos, sino que no tengan deberes, y que los sindicatos hablen de «derechos adquiridos» como si los pagaran ellos, cuando todo el mundo sabe que los derechos del trabajador los paga y los garantiza el empresario, y que sin empresario no hay nada.
El drama es que los sindicatos justifiquen su injustificable existencia a través de la confrontación del empresario con el trabajador. El drama no es que los empresarios no quieran dar oportunidades contratando, por ejemplo, a jóvenes que apuntan maneras, sino que no se atrevan a hacerlo porque es escalofriante el riesgo económico que ello conlleva.
El drama son los funcionarios, los sindicatos, la moral funcionaria y sindical según la cual todo depende de un pacto previo y nada depende de lo que seas capaz de hacer. Hay que ser muy mediocre y muy poco ambicioso para conformarte con un convenio. Hay que creer muy poco en tus posibilidades. Sin competitividad no hay esfuerzo ni mejora, y todo se entumece. Sin peligro, no hay tensión.
La diferencia entre los que acudimos a trabajar cuando tenemos la gripe y los que piden la baja y se quedan en casa es exactamente la misma diferencia que hay entre los que tenemos que defender un sueldo que está directa y únicamente relacionado con lo que producimos y aquéllos que da igual lo que hagan porque ni van a cobrar menos ni van nunca a echarles del trabajo.
Hay que refundar el mercado laboral español. Abolir los sindicatos y los convenios. Reducir drásticamente la masa funcionarial. Que el servicio sea público, cuando sea necesario, pero que la red sea siempre privada, y se pueda despedir en cualquier caso al que no trabaja. Que patrón y empleado puedan pactar, bilateralmente y sin interferencias, el trabajo que hay que hacer y las debidas compensaciones, con la única obligación -garantizada por el Estado, en su natural papel de árbitro, pero no de parte- de que ambos tengan que cumplir su pacto.
Y esto no es de derecha ni izquierda, sino simplemente construir una sociedad más justa y más libre.
CARMEN REMÍREZ DE GANUZA / Madrid
Rajoy planteará hoy a sus barones una bajada salarial para los altos cargos autonómicos
El PP ha decidido tomar la delantera al Gobierno. A la espera de que Rodríguez Zapatero lleve a efecto su anunciado recorte salarial en el Gobierno y en la función pública, Rajoy ha convocado hoy a sus barones autonómicos en Madrid para plantearles una reducción similar para sus respectivos altos cargos.
La propuesta cuenta con el handicap de que algunas administraciones, como la de Madrid, ya hicieron sus respectivos ajustes. Génova tratará, pues, de acordar alguna fórmula conjunta, con reducciones salariales de entre el 5% y el 15%.
Éste será uno de los dos asuntos centrales de la agenda que reúne hoy en Génova a la plana mayor de la dirección nacional del partido -secretaria general, vicesecretarios y secretarios ejecutivos- con sus 17 presidentes autonómicos y de partidos regionales, entre los que destacará Francisco Camps.
El presidente de la Generalitat Valenciana ha dado la «sorpresa» -tras largos meses de reiteradas inasistencias, según fuentes de la cúpula popular- aceptando la invitación, haciendo alarde de «fuerzas» pese a estar en puertas del banquillo por la causa de los trajes.
El otro gran asunto que convoca a los populares hoy es hacer una valoración conjunta del ajuste dado a conocer el pasado miércoles por Rodríguez Zapatero. Una tarea en la que el propio Rajoy se empleó ayer a fondo en su despacho, asistido por asesores, y en la que tendrá un papel específico el coordinador económico del partido, Cristóbal Montoro.
De momento, el PP ha lanzado un mensaje muy crítico contra el Gobierno por haber incumplido la promesa de presentar, ayer mismo, el techo de gasto público para el próximo ejercicio. Incluso relacionó el último castigo de los mercados a esa misma falta de concreción y de urgencia en las medidas anunciadas.
Así, el secretario de Economía y Empleo, Álvaro Nadal, atribuyó el desplome de la Bolsa madrileña -que registró al cierre de la sesión la mayor caída desde octubre de 2008, al ceder un 6,64%, lo que situó el Ibex 35 en el nivel de los 9.314,7 puntos- a que el Gobierno ha dado muestras de una «incapacidad absoluta» para concretar el ajuste del déficit anunciado el pasado miércoles, «cuando todo el mundo esperaba una actuación inmediata», según informa Europa Press.
Nadal señaló que el mero anuncio de un recorte adicional del déficit de 15.000 millones para 2010 y 2011 no tiene «contenido económico por sí mismo», y el Ejecutivo debería haber aprovechado el Consejo de Ministros para presentar «la letra pequeña» de dicho ajuste.
Además, en lo que va a ser una constante en el discurso del PP, el diputado señaló que España tiene que aplicar no sólo una contención del gasto, sino también reformas que demuestren a los mercados que nuestro país es un «buen pagador» del crédito internacional.
«Cuando se anuncian medidas, se tienen que poner en marcha cuanto antes, y hoy [por ayer] no han sido capaces ni de presentar el techo de gasto para 2011», insistió Nadal, quien sugirió que este retraso podría deberse a que el Gobierno se ve sin apoyos para sacar adelante los recortes en el Congreso de los Diputados.
MANUEL SÁNCHEZ
Al PSOE le preocupa el recorte de pensiones
Más que la bajada de sueldo a los funcionarios, más que los recortes en Ley de Dependencia, más que el tijeretazo a la ayuda al desarrollo, el PSOE quiere parar el mensaje tan negativo que supone para su electorado congelar las pensiones.
Tal vez, por ello, desde hace más de 36 horas su página web la preside el siguiente titular: «No se baja ninguna pensión. En 2011, la mitad de los pensionistas cobrará lo mismo y la otra mitad recibirá una pensión más alta».
Es inusual que en la página web del PSOE se divulgue este tipo de mensajes, ya que generalmente se limita a colgar declaraciones de sus máximos dirigentes, vídeos de sus actos políticos o sus propios blogs.
Sin embargo, lo que demuestra el titular que preside su 'home' es un sentimiento muy arraigado en las filas socialistas: el error político que supone congelar las pensiones, el impacto que tiene en este amplio colectivo, y la necesidad de explicar lo mejor posible la decisión política que se ha tomado.
De hecho, según fuentes consultadas, el PSOE está recibiendo múltiples comentarios de protesta en sus foros en internet por las medida de recorte, junto a algunas bajas de militancia, y la mayoría está dirigida a la congelación de las pensiones o su no revalorización en función del IPC. El PSOE está empeñado en explicarlo bien en cualquier foro. Y si hace falta se acude a 'La Noria'. José Blanco, sin ir más lejos, lo hará esta noche.
AGUSTÍN YANEL / Madrid
CiU pide que haya anticipo electoral o una cuestión de confianza
Josep Antoni Duran Lleida, portavoz de Convergència i Unió (CiU) en el Congreso de los Diputados, considera que, ante la situación de «debilidad política» en la que se encuentra el presidente Rodríguez Zapatero, el PSOE debería presentar una cuestión de confianza, promover un adelanto de las elecciones o buscar otro candidato.
No obstante, se mostró pesimista porque cree que no va a prosperar ninguna de esas propuestas.Sigue en página 12
El miércoles último, cuando respondió a José Luis Rodríguez Zapatero en el Pleno del Congreso, Duran Lleida afirmó: «El Gobierno no despierta confianza, pero la oposición tampoco». «Así no se puede seguir, y algo habrá que hacer, pero la solución no pasa por sustituir a quienes no inspiren confianza por otros que tampoco lo hacen», añadió, en clara referencia a Mariano Rajoy. «Todas las posibles soluciones están en manos del partido del Gobierno», insistió.
Ayer, en declaraciones a Onda Cero, concretó en tres esas posibles soluciones: cuestión de confianza, moción de censura o adelanto de las elecciones generales.
Duran Lleida opinó que el Gobierno ha salido «tremendamente debilitado» de esta semana por dos motivos: porque ha tenido que adoptar una rebaja histórica de derechos sociales de la ciudadanía -congelación de pensiones, reducción del salario a los empleados públicos y recortes a las personas dependientes, entre otros-, y porque le han obligado a hacerla desde la Unión Europea.
Artur Mas, el líder de esta misma formación política, también pidió a los socialistas que busquen otro candidato con «un mínimo de credibilidad». Duran y él coincidieron en que el PP no va a presentar una moción de censura, porque los populares saben que la perderían.
Desde las filas del PP, los presidentes o responsables de este partido en varias comunidades autónomas se sumaron ayer a lo que han dicho en los últimos días algunos dirigentes -Rajoy no se ha pronunciado- y pidieron un adelanto electoral.
El presidente riojano, Pedro Sanz, afirmó que, después de presentar unas medidas «duras, drásticas, unilaterales e insuficientes» para reducir el déficit público, Rodríguez Zapatero está «en la cuerda floja» y debe adelantar los comicios, porque es «lo más conveniente para todos los españoles».
Lo mismo opinó el líder del PP vasco, Antonio Basagoiti, según informa la agencia Efe. «Cuando uno la ha liado parda, como Zapatero, lo que debería hacer es convocar elecciones», declaró.
En Izquierda Unida (IU) no son partidarios de un adelanto electoral, porque dicen que la solución a los problemas de España no va a venir con la sustitución de Rodríguez Zapatero por Mariano Rajoy.
«No nos planteamos cambiar el Gobierno», afirmó su coordinador general, Cayo Lara. «Lo que queremos es que el Gobierno gire en su política económica hacia la izquierda, y la única manera de hacerlo es con la presión popular».
Frente a esas peticiones de adelanto electoral, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, al ser preguntada tras el Consejo de Ministros, respondió: «No vamos a dejar la tarea a medias».
Tras indicar que el Gobierno está trabajando para salir de la crisis económica, dijo que, como hace siempre, el partido de Mariano Rajoy se niega a «arrimar el hombro» y sólo piensa «en sus cuentas electorales».
OORBYT.es
>¿Elecciones ya? Videoduelo: Ignacio Gil/Lucía Méndez
AGUSTÍN YANEL / Madrid
IU pide un referéndum sobre las medidas antidéficit del Gobierno
El coordinador general de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, considera que unas medidas tan «duras» como las que ha preparado el Gobierno para reducir el déficit público, deben ser sometidas a un referéndum para que la ciudadanía diga si las aprueba o no.
Son propuestas que, según dijo, van «contra una parte de los trabajadores, contra los pensionistas y contra los más desfavorecidos». «Es un golpe de Estado del capital financiero contra las conquistas de los trabajadores y contra los intereses de la ciudadanía», afirmó en una rueda de prensa.
En contra de los argumentos de Zapatero, Cayo Lara se mostró convencido de que existen otras alternativas para recaudar más dinero para la Hacienda Pública y reducir el déficit público, sin recortar los beneficios sociales. IU ha calculado lo que se lograría con esas propuestas y las va a presentar en el Congreso como proyecto de ley para que sean debatidas.
Sólo con recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio -que fue suprimido por el PSOE hace dos años- se obtendrían unos 2.200 millones de euros, 200 millones más de los que supone la congelación de las pensiones que propone el Gobierno, según los cálculos de IU.
También proponen elevar del 43% al 50% la tributación en el tramo más elevado del IRPF, para las rentas más altas. Eso generaría unos 2.500 millones de recaudación, 1.200 millones más que lo que se va a ahorrar con la eliminación del cheque bebé, que en IU no defienden.
En la propuesta que presentó Cayo Lara se incluye que ningún alto cargo de las administraciones públicas -desde los ayuntamientos al Gobierno- ni de las empresas del Estado cobre más que el presidente Zapatero, algo que ocurre ahora en muchos casos.
Además de muchas medidas de tipo fiscal, IU plantea reducir el déficit público con propuestas como éstas: retirar las tropas españolas en Afganistán; reducir en un 15% durante los tres próximos años -como se va a hacer con los ministros, altos cargos y diputados y senadores- el dinero que concede el Estado cada año a la Casa Real, y no dar subvenciones ni ayudas a las empresas privadas cuyos ejecutivos cobren sueldos superiores al del presidente del Gobierno.
Todo eso, según Cayo Lara, debe ir acompañado, de una racionalización del gasto público para eliminar los excesivos y suntuarios.
Madrid
Críticas para Zapatero y Rajoy
Nacionalistas, regionalistas e independentistas lanzaron ayer sus respectivos retos políticos, tanto al Gobierno socialista como a la oposición popular, en relación con las medidas de recorte. El líder del PNV fue el más crítico y el presidente de Cantabria el más benévolo sobre el reparto de cargas anunciado por Rodríguez Zapatero. El republicano Carod-Rovira, por su parte, prefirió criticar al PP.
IÑIGO URKULLU (PNV)
Critica el «giro copernicano» y que «paguen justos por pecadores»
El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, afirmó ayer que el «giro copernicano» de José Luis Rodríguez Zapatero evidencia el «fracaso» del modelo socialista y censuró que pretenda que «paguen justos por pecadores», de modo que «quienes ya hemos hecho los deberes» tengan que asumir «los mismos recortes que quienes han estado mano sobre mano sin hacer nada o gastando por encima de sus posibilidades». Asimismo, defendió que el PNV debe «sujetar el timón» de Euskadi ante un Gobierno español «dando tumbos» y un Ejecutivo vasco «sin rumbo». En esta línea, destacó que «nadie podrá decir que el PNV no ha sido responsable».
CAROD ROVIRA (ERC)
Emplaza al PP a cerrar «todas sus delegaciones en el exterior»
El vicepresidente de la Generalitat, el republicano Josep Lluís Carod-Rovira, emplazó ayer al PP a dar ejemplo y cerrar las delegaciones y oficinas en el exterior de las autonomías en que gobierna, si tan mal encuentra que el Gobierno catalán las tenga. «Ellos no han cerrado las oficinas en el exterior. Cuando las hayan cerrado todas, nosotros nos lo pensaremos», afirmó.
Según Carod, cerrar las delegaciones y las oficinas de Cataluña en el exterior es una posición «absolutamente autista y provinciana» y que, además, va en contra de los intereses económicos y del propio sentido de la historia. Tras admitir que se han abierto 20 embajadas en los últimos meses, argumentó: «El mundo está en crisis y hay que salir. Si alguien piensa que sentados en la butaca del comedor la gente vendrá a Cataluña a comprar productos y servicios, está equivocado».
MIGUEL ÁNGEL REVILLA
Se plantea «dar el salto a la política nacional» para «presionar»
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, declaró ayer que está planteándose «dar el salto a la política nacional», tras la paralización de las obras en la construcción del AVE Madrid-Santander, e ironizó sobre la necesidad de tener «tres o cuatro diputados en Madrid», que presionen y negocien los Presupuestos «a cambio de votos», para «conseguir que te den las obras».
Revilla calificó la suspensión de las obras de «hecho insólito» y aseguró que tiene 67 años y había pensado no volver a presentarse más en política, pero que no puede «soportar ni tolerar las injusticias».






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