EDITORIALES: Genocidio marroquí de los saharauis españoles: Una versión delirante de Marruecos

Una versión delirante de Marruecos

HASTA AHORA el Gobierno español había intentado no pronunciarse sobre los hechos ocurridos en el Sáhara con el pretexto de una falta de información fiable. Ayer el Ejecutivo fue más allá al dar por buena la versión de Taib Cherkaui, ministro marroquí de Interior, que se entrevistó en Madrid con Rubalcaba y luego compareció ante los medios de comunicación.

Cherkaui aseguró que las fuerzas de seguridad de Marruecos intervinieron en el campamento de El Aaiún «de forma pacífica» para «liberar» a «ciudadanos saharauis inocentes» que habían sido «secuestrados por milicias armadas». El ministro afirmó que las bajas entre sus fuerzas ascendían a 10 víctimas mortales y decenas de heridos mientras que solamente había resultado muerto un saharaui como consecuencia de «un atropellamiento» accidental.

Según sus palabras, los hechos han sido «tergiversados» por los medios de comunicación en «una ofensiva» en la que ha quedado en evidencia «el odio» y «el racismo» de la prensa española, que se ha inventado sin base alguna un retrato que no se corresponde con la realidad. El ministro marroquí aseguró que el campamento estaba en manos de «bandas armadas, contrabandistas y delincuentes» que extorsionaban a los saharauis. «Ni Marruecos ni las provincias del Sur habían vivido algo así: es algo que nos recuerda los crímenes perpetrados por Al Qaeda», dijo.

Las declaraciones de Cherkaui son tan cínicas como increíbles en la medida que contradicen no sólo las versiones de todos los testigos presenciales sino además el sentido común. Nadie se puede creer que las fuerzas de seguridad, que iban armadas y con el apoyo de vehículos blindados y helicópteros, sufrieran 10 bajas mortales por solamente una y accidental de los saharauis.

Tampoco es creíble que un grupo criminal tuviera secuestrados a 10.000 saharauis en un campamento de aluvión, formado en unas pocas semanas y en pleno desierto. Por el contrario, las imágenes muestran como el ejército marroquí rodeó ese campamento de madrugada con agentes antidisturbios, que llevaban armas de fuego frente a las piedras y palos con los que se defendió la población civil que vivía en improvisadas jaimas.

Tras entrevistarse con su colega de Rabat, Rubalcaba afirmó que Cherkaui le había aportado «una versión detallada y minuciosa de los hechos», que suponía «una refutación» de las acusaciones formuladas contra Marruecos. El ministro español aseguró que el Gobierno del vecino país está dispuesto a «aclarar todas las dudas».

En lugar de «aclarar todas las dudas», lo que Marruecos está haciendo es contar increíbles e inverosímiles patrañas que mueven al sonrojo. Nadie se puede creer la versión oficial y menos el Gobierno español que tiene numerosos medios para saber la verdad.

La ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, declaró ayer que se están expresando «opiniones». No es cierto, hay datos irrefutables como las imágenes del desmantelamiento del campamento, el centenar de detenidos que reconoce Marruecos y la existencia de una víctima española. Si no sabemos más de lo sucedido es porque Rabat ha expulsado a todos los periodistas del Sáhara y no quiere testigos imparciales de sus fechorías.

Rubalcaba afirmó ayer que el Gobierno español está haciendo gestiones para que los periodistas puedan volver. Será cuando las fuerzas de seguridad marroquíes hayan borrado las huellas de sus abusos y nadie pueda contar lo sucedido. Al simular que se cree la sarta de embustes de Cherkaui, nuestro Gobierno está tomando el pelo a los ciudadanos y abdicando de sus responsabilidades. Lo primero que tienen que hacer Rubalcaba y los ministros es respetar la verdad.

La ley impide ahora privatizarlas

Imprescindible ajuste en las TV autonómicas

EL PP presentó ayer en el Congreso una proposición para reformar la ley que regula las televisiones con el fin de que los gobiernos regionales puedan privatizar los canales autonómicos. Estas televisiones supusieron en 2009 un coste a las arcas públicas de 1.900 millones de euros, más de lo que el Estado se va a ahorrar con la congelación de las pensiones el próximo año. Sólo este dato debería animar a los dirigentes políticos a planterase en serio la privatización de los canales públicos autonómicos. La medida sería muy bien acogida por los ciudadanos. Sin ir más lejos, el 93% de los internautas de este periódico se han pronunciado a favor de recortar las subvenciones a las cadenas públicas. Los populares aciertan, pues, al presentar esta reforma legal. Bien es cierto que Aznar pudo cambiar la ley cuando gobernó con mayoría absoluta y no lo hizo, tal vez por las reticencias de algunos de sus gobiernos autonómicos. Por eso, el PP debería comprometerse formalmente a llevar a cabo esta reforma, en el caso de que el PSOE, como parece seguro, impida su aprobación en esta legislatura.

No habrá reforma de pensiones hasta abril

El Gobierno continúa moviéndose mal y tarde

VINCULAR los salarios de los empleados públicos a la productividad y fijar para la próxima primavera la reforma de las pensiones, los dos últimos anuncios en materia económica hechos públicos ayer por el Gobierno, no pueden ser más descorazonadores. De entrada, el Estatuto de los empleados públicos ya contempla ligar los salarios públicos a la productividad, pero esa medida se ha desestimado precisamente porque acabaría costándole dinero a la Administración: a la postre, habría que pagar más a los funcionarios que más rinden. Así pues, las palabras del vicepresidente Chaves planteando tal iniciativa parecen fruto de la improvisación. Seguramente las ha hecho con la intención de satisfacer a la UE y a los mercados, que siguen pidiendo reformas. El propio ministro de Trabajo reconoció al ser preguntado que no tenía conocimiento de ese asunto. Valeriano Gómez indicó, por otra parte, que entre marzo y abril saldrá adelante la reforma de las pensiones. No es ya que Zapatero se hubiera comprometido a aprobarla en 2010, es que se está perdiendo un tiempo precioso que nos va a costar muy caro.

Se negocian ayudas para el sistema financiero

El rescate de Irlanda debe solucionarse cuanto antes

LA BOLSA española perdió ayer un 2,46% -el mayor descenso desde agosto-, el diferencial con el bono alemán volvió a los 200 puntos básicos y el Tesoro tuvo que elevar un 30% el interés ofrecido en la subasta de letras, ante la incertibumbre que viven los mercados por la crisis irlandesa. España sigue en el punto de mira de los inversores, que prefieren que se ponga en marcha ya un plan de rescate para atajar en lo posible el contagio a otros países de la UE. El Gobierno irlandés se niega porque no quiere perder soberanía, aunque sí parece dispuesto a aceptar una ayuda cercana a 50.000 millones de euros para salvar su sistema financiero. Aunque desde la Comisión se reiteró que el euro no está en peligro, urge que todos los implicados -Comisión, BCE, países miembros, FMI e Irlanda- solucionen cuanto antes el rescate porque las dudas ya están afectando no sólo a la moneda única, sino a los cimientos de la UE.

El Mundo en dos minutos
España se aboca a una crisis insuperable