EDITORIALES: El día en que Garzón perdió su estrella / Tras el recorte, las reformas estructurales

El día en que Garzón perdió su estrella

LO ÚNICO que podía hacer ayer el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es lo que hizo: suspender a Garzón tras el auto en el que el Supremo le sienta en el banquillo por prevaricación. El CGPJ se limitó a aplicar la ley, lo que explica -más allá de interesadas fantasías sobre abruptas divisiones- la unanimidad en la decisión.

Garzón estuvo maniobrando hasta el último minuto para evitar lo inevitable. Ayer mismo por la mañana, su abogado presentó un escrito en el Supremo pidiendo la anulación del auto de apertura de juicio oral, que no es recurrible. Lo ha intentado todo para eludir esa suspensión que pone fin de momento a 22 años en la Audiencia Nacional, en los que ha pasado de ser un joven magistrado desconocido a una superestrella mediática. En congruencia con su trayectoria, ayer organizó una salida teatral de la Audiencia, jaleado por un grupo de incondicionales.

Lo cierto es que Garzón ha rendido buenos servicios a la Justicia pero también se ha pasado muchas veces con esa «imaginación creativa» de la que le acusaba Luciano Varela en su auto y que él mismo reivindicó hace unos días. Garzón ha tentado en demasiadas ocasiones a la suerte con interpretaciones de las leyes que se apartaban del Derecho y de sus principios hasta que el Supremo ha empezado a decir basta.

Lo primero que hay que señalar es que, contra lo que afirman tercamente sus propagandistas, Garzón no se va sentar en el banquillo por investigar los crímenes del franquismo sino por haber vulnerado la legalidad vigente y haber realizado unas actuaciones para las que no tenía competencias en pos del brillo mediático.

Tampoco es cierto que Garzón haya sido víctima de una campaña de la extrema derecha. Ni Varela, el juez que instruye esta causa, ni Martínez Arrieta, que rechazó la recusación y al que también ha acusado de vulnerar sus derechos, son conservadores. Más bien, todo lo contrario.

Los miembros de la Sala de lo Penal del Supremo que han intervenido en este caso se han limitado a aplicar la legalidad en sus resoluciones, lo que tiene gran mérito en medio de la campaña de insultos e intimidación de la que han sido objeto. Una campaña en la que han participado ministros del Gobierno, dirigentes sindicales y medios de comunicación. En su persistente afán de confundir deseos con realidades, un periódico todavía titulaba ayer que el CGPJ se había roto «en dos» a la hora de suspender a Garzón. Sí, el CGPJ se rompió en dos partes: la mitad votó a favor de la suspensión y la otra mitad, también, porque hubo unanimidad absoluta.

Garzón no puede ejercer como magistrado mientras esté pendiente de juicio, pero volvería a su puesto si saliera indemne de los tres procesos que tiene abiertos. Sea como fuere, los importantes casos que ha acaparado y los muchos errores que ha cometido plantean la conveniencia de acotar el ámbito de competencias de la Audiencia Nacional o ampliar su número de juzgados, a todas luces insuficiente para la cantidad y la envergadura de las causas que instruye.

Nada será probablemente igual en la Audiencia Nacional tras la salida de Garzón, que ha aprovechado su posición para lograr protagonismo mediático y fortuna. Ahora sólo le queda el recurso de marcharse a La Haya como asesor de su amigo, el fiscal Moreno Ocampo, si es que se lo permite el CGPJ, que ayer aplazó su decisión. Ello corrobora lo mucho que han cambiado las circunstancias en muy poco tiempo. De momento, Garzón se ha quedado sin juzgado, lo que equivale a decir sin el inmenso poder sobre las vidas y haciendas de mucha gente del que había disfrutado y abusado durante dos décadas y gracias al cual ha brillado como una estrella del espectáculo.

Tras el recorte, las reformas estructurales

EL ENÉSIMO desplome de las Bolsas y del euro de ayer llevan pensar que la situación económica en Europa está peor de lo que parece. La jornada transcurrió entre una sucesión de datos negativos que fueron acelerando la caída de los mercados de renta variable y de la moneda única. Al final, el índice europeo Eurostoxx 50 perdió un 4,7% y el Ibex volvió a ser el más castigado de la región al perder un 6,6%. El primer dato que sorprendió a los mercados fue la inesperada caída de la inflación subyacente -que mide la tendencia de fondo de los precios quitándole factores volátiles como el petróleo- de abril en España, lo que despertó dudas en los mercados del continente. Este descenso puede anticipar un menor crecimiento de la economía por la atonía del consumo privado y, sobre todo, vuelve a poner sobre el tapete el riesgo de la deflación en Europa. Así, el temor ahora de los inversores es que las drásticas medidas de ajuste económico que están aplicando los países de la zona euro -con mayor o menor urgencia todos necesitan reducir sus déficits- frenen considerablemente el crecimiento económico en la región. La puntilla la pusieron unos datos muy positivos de producción y consumo en Estados Unidos, que indican que su economía crece más que la europea y por encima de las expectativas. Como consecuencia, el euro cotizó en los 1,23 dólares, nivel que no había tocado desde abril de 2006.

Como ha ocurrido en las últimas semanas, España fue el país más arrastrado por la impetuosa corriente vendedora. ¿Es posible que la situación sea tan grave que el mayor recorte social de la democracia no haya servido para nada? Desafortunadamente, los mercados están diciendo que es posible que no basten. Las duras medidas de ajuste anunciadas por el presidente Zapatero el pasado miércoles han sido un principio de solución y van bien encaminadas, pero a la larga no resolverán los problemas de fondo de la economía española y a la corta frenan el crecimiento y la creación de empleo, como reconoció ayer el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa. La recuperación se tiene que basar en las reformas estructurales que todavía están encalladas y la más urgente es la laboral. Ahora más que nunca, sindicatos y empresarios tienen la obligación de llegar a un acuerdo que permita acelerar la creación de empleo neto. Ya no hay excusas y si no se consigue en el plazo previsto -final de mayo- el Gobierno deberá emprender esa reforma de manera unilateral, tal y como avisó Zapatero a CEOE, UGT y CCOO en las reuniones del pasado jueves.

Mientras tanto, el país necesita calma social y política. La situación es muy seria y los partidos y los sindicatos deberían tener el suficiente sentido de Estado para no echar más leña al fuego. Los sindicatos deben pensarse mucho la magnitud de las movilizaciones de protesta -y no digamos la convocatoria de una huelga general-, que no tienen ningún viso de prosperar porque al Gobierno la UE no le va dejar volver atrás en su política económica.

El Mundo en dos minutos

Garzón, un simple mortal

JUEZ SOCIALISTA EN 3 BANQUILLOS: Garzón, desalojado de su juzgado, pierde sun poder

MARÍA PERAL / Madrid

Garzón pierde su poder al ser suspendido por unanimidad

El juez abandona la Audiencia Nacional jaleado por un puñado de incondicionales tras 22 años de protagonismo e instrucciones polémicas

Arropado por un puñado de incondicionales, Baltasar Garzón abandonó ayer la Audiencia Nacional, a la que llegó hace 22 años, suspendido en su condición de juez por una decisión unánime del Consejo General del Poder Judicial tomada en menos de dos horas. Ningún miembro del CGPJ se atrevió a votar a favor de su permanencia en el Juzgado después de que el magistrado del Supremo Luciano Varela abriera, el pasado miércoles, el juicio oral contra él por un presunto delito de prevaricación que habría cometido al iniciar su causa contra el franquismo. La ley es taxativa: el CGPJ «hará efectiva la suspensión» cuando un tribunal siente a un juez en el banquillo.

Pero la presión de algunos vocales propuestos por el PSOE, muy agresivos durante la reunión del Pleno, logró que el presidente, Carlos Dívar, convocase para la misma tarde de ayer una reunión de la Comisión Permanente para abordar la petición del juez de que le fuera concedida la situación administrativa de servicios especiales y marcharse a La Haya como asesor del fiscal del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo.

Viene de primera página

Los vocales afines a Garzón -singularmente, Miguel Carmona y José Manuel Gómez Benítez- pretendían neutralizar de inmediato el efecto de la suspensión después de no haber podido conseguir a lo largo de todo el jueves una convocatoria de la Comisión Permanente previa al Pleno para, adelantando la autorización del traslado al traslado a La Haya en servicios especiales, la Comisión, por unanimidad, acordó aplazar la decisión y solicitar varios informes. El CGPJ se dirigirá a Moreno Ocampo para que, a la vista de la nueva situación de Garzón, comunique «si confirma el ofrecimiento de un contrato de consultoría como asesor externo»; es decir, si está interesado en fichar a un juez suspendido y pendiente del banquillo.

La Comisión Permanente también solicitará al fiscal del TPI que aclare si el contrato de Garzón llevaría implícito «algún género de inmunidad procesal». Es un extremo de enorme trascendencia a la vista de que el artículo 48 del Estatuto de la Corte Penal Internacional establece que «los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos y los secretarios gozarán, cuando actúen en el desempeño de sus funciones o en relación con ellas, de los mismos privilegios e inmunidades reconocidos a los jefes de las misiones diplomáticas».

Otro de los informes que solicitará la Comisión Permanente tendrá como destinatario el Ministerio de Exteriores, que el jueves despejó con toda rapidez el camino de Garzón al TPI saludando su traslado de forma entusiasta. El CGPJ quiere que Exteriores emita un nuevo informe para saber si se corresponde con los intereses internacionales de España enviar al TPI a un juez suspendido.

Además, el CGPJ preguntará a la Sala Penal del Supremo si el traslado de Garzón a La Haya «afecta al curso de las actuaciones que se encuentran en trámite». Además del procedimiento por presunta prevaricación en relación con la causa sobre el franquismo, Garzón afronta otros dos procesos penales (el de los pagos del entonces BSCH y el de las escuchas ilegales a los abogados del caso Gürtel) y el imputado pasaría, de estar a disposición del Tribunal en España, a residir en el extranjero.

Fuentes del CGPJ señalaron que, a diferencia de lo sucedido por la mañana durante el Pleno, el debate de la Comisión Permanente discurrió de forma pacífica y sin discrepancias. La Comisión, presidida por Dívar, está integrada por dos vocales propuestos por el PSOE (Almudena Lastra y Margarita Robles) y dos propuestos por el PP (Manuel Almenar y Antonio Dorado).

Mientras la Permanente redactaba su acuerdo, Garzón recogía sus efectos personales del Juzgado. Ya se le había notificado la resolución escrita con los fundamentos legales de su suspensión cautelar, aunque la decisión se le había anticipado por teléfono a las 13.10 horas.

En el Pleno participaron 18 de los 21 integrantes del CGPJ. Los otros tres -el vicepresidente, Fernando de Rosa, Margarita Robles y José Manuel Gómez Benítez- se abstuvieron de intervenir: los dos primeros tras ser recusados por Garzón y el tercero porque fue abogado defensor del juez.

Durante la reunión, Miguel Carmona se empleó a fondo para tratar de conseguir que se decidiese de forma anticipada la solicitud del juez de marcharse al TPI en servicios especiales. Carmona utilizó, incluso, referencias guerracivilistas aludiendo a que el CGPJ debía anteponer la petición de Garzón «para que no haya vencedores ni vencidos» y para que «nadie salga de aquí con el pecho inflado dejando muertos en la calle».

Le contestó Manuel Almenar -vocal a propuesta del PP- que el CGPJ está vinculado por la Ley y su obligación es cumplirla en ejecución de una resolución dictada por el Supremo.

Dívar llegó a someter a votación si el Pleno debía entrar a discutir la petición de Garzón de pasar a la situación de servicios especiales. Respondieron a favor nueve miembros del CGPJ, entre ellos el presidente. Se alzó entonces la voz de la vocal Gemma Gallego para recordar que la inclusión de un nuevo asunto en el orden del día debía contar con la unanimidad de los vocales, y ella se oponía por no estar en condiciones de pronunciarse, a uña de caballo y sin un previo estudio, si procedía conceder la situación de servicios especiales a un juez suspendido. De la misma opinión fue Concepción Espejel.

Los vocales propuestos por el PSOE pidieron que la votación sobre la suspensión de Garzón fuera secreta, lo que les habría permitido eludir eventuales responsabilidades penales por el sentido del voto. La iniciativa no prosperó por nueve (entre ellos, el del presidente) frente a ocho y la abstención de Almudena Lastra.

OORBYT.es

>María Peral responde sobre las incógnitas del 'caso Garzón'.

. M. / Madrid

El espinoso legado judicial

El juez Santiago Pedraz estaba ayer doblemente afectado. Claramente en lo personal, pero también en lo profesional, porque de momento él es el encargado de hacerse con los asuntos que llevaba Garzón, de acuerdo con las normas de reparto. Al margen de la cantidad -es el juzgado con más actividad-, el Central de Instrucción número 5 gestiona algunas de las causas más delicadas. Por ejemplo, el caso Faisán, en el que se está a la espera de recibir la versión francesa de lo sucedido en el chivatazo a ETA, que podría estrechar el cerco al ex director general de la Policía. O la causa sobre Bateragune -en realidad, un caso Batasuna bis-, por la que está encarcelado Arnaldo Otegi y en libertad, al menos hasta ayer, Rafa Díez Usabiaga. O la causa de Guantánamo, que puede quedar en nada o ser la base de órdenes de detención para miembros de la Administración Bush. O, sin dejar la jurisdicción universal, el posible genocidio en el Sáhara Occidental, donde están imputados altos cargos marroquíes. O el caso Pretoria, que tiene en alerta a buena parte de la clase política catalana. O la operación Troika, sobre la implantación en España de mafiosos rusos...

MANUEL MARRACO / Madrid

Veintidós años y un día

El magistrado abandona la Audiencia Nacional entre aplausos, lágrimas y vítores tras recibir la noticia de su suspensión durante un interrogatorio del 'caso Pretoria'

- ¡Espera, Yayo, espera!

Las últimas palabras de Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional fueron para pedirle a su mujer que le diera tiempo para alcanzarla y bajar juntos las escaleras. El primer peldaño, con sus colegas Santiago Pedraz y Fernando Andreu haciéndole de escolta, detonó una salva de aplausos y vítores que acabó por emocionar al magistrado. Eran los funcionarios del Juzgado Central de Instrucción número 5, que minutos antes se habían apostado a los lados para arroparle.

No hacía siquiera una hora que Garzón había recibido la llamada. Estás suspendido, le dijeron desde el Consejo. El juez estaba en ese momento practicando una diligencia que aunaba los dos perfiles de su carrera: el de la fama -interrogaba a un imputado del sonado caso Pretoria- y el de la trastienda, siempre mucho más prosaica, de sus investigaciones -lo hacía porque no se había grabado correctamente la primera declaración-.

El propio imputado, Josep Singla, relataba después que en pleno interrogatorio habían avisado al juez de que tenía una llamada «urgente» del CGPJ. Garzón les pidió que salieran y unos minutos después les mandó entrar. No parecía afectado por la noticia, coincidieron imputado y abogado, incluso aparentaba más tranquilidad. Eso sí, desde el principio parecía tener la cabeza en otro lado.

Antes de entrar al despacho, Singla había presenciado el ir y venir con aire de velatorio de instructores y fiscales de la Audiencia. A Pedraz y Andreu se sumaron Ismael Moreno y Fernando Grande-Marlaska. También comparecieron miembros de Sala de lo Penal, entre ellos dos (Clara Bayarri, José Ricardo de Prada) que en su día respaldaron con un voto particular la investigación sobre el franquismo.

El coro de despedida, con el magistrado aún en el despacho, incluyó el toque internacional de tres abogados parisinos. Algo despistados por el mal francés de algún colega español, creían que ayer se celebraba una vista multitudinaria para resolver la suspensión. Se encontraron con un juzgado inaccesible y se conformaron con dejar claro que habían ido para dar «apoyo político» al magistrado. Se despidieron cambiando el au revoir por un «hasta la victoria siempre» en español.

Quien sí dijo adiós al juez fue la cara visible -y ayer algo desmejorada- de la causa de la memoria histórica, el abogado Fernando Magán, que pasó el final de la mañana rondando el despacho de Garzón. Esperó en la antesala hasta verle camino de la salida. «Lo siento», le dijo con tono de pésame, pensando sin duda en la noticia de su suspensión cautelar y, tal vez, en que él había estado en el origen de todo.

Momentos después, ya en la calle, el silencio y las caras largas se cambiaron por gritos, aplausos y lloros. Tras descender la escalinata, Garzón amagó con entrar disparado en el coche, pero interrumpió el gesto, buscó con la mirada y encontró rápidamente a alguien a quien abrazar. Le siguieron muchos otros, incluidos otra vez Pedraz y Andreu.

El juez entró en el coche con la lágrima asomada. Aún volvió a salir unos metros más adelante, cuando vio a Cristina Almeida entre el escaso grupo de seguidores -una veintena- que habían acudido a despedirle. Le dio un abrazo que le permitió oír los gritos de «Garzón amigo, el pueblo está contigo» y ver las pancartas que pedían «Más jueces como Garzón». Un instante después, el tráfico de la calle Génova engulló al magistrado, aún con coche oficial pero ya sin juzgado.

Pero la despedida de Garzón -como si fuera uno de los innumerables trámites procesales previos a su suspensión- aún no había concluido. El juez volvió por la tarde al lugar de la presunta prevaricación y allí recibió la notificación oficial de su suspensión. Poco antes, sus escoltas habían empezado a echar al maletero cuadros (guernica incluido) y recuerdos de 22 años en el juzgado.

Su segunda salida de la Audiencia sí fue multitudinaria. Decenas de policías hicieron un cordón de seguridad para que su vehículo se abriera paso entre el medio millar de seguidores que había cortado la calle Génova. Ya sin Garzón a la vista, los manifestantes se giraron hacia la sede del PP y tras gritos de «¡Gürtel, Gürtel!» comenzaron a imprecar a sus dirigentes con la misma frase que por la mañana habían dedicado a los jueces del Supremo: «Vosotros, fascistas, sois los terroristas».

M. M. / Madrid

El espinoso legado judicial

El juez Santiago Pedraz estaba ayer doblemente afectado. Claramente en lo personal, pero también en lo profesional, porque de momento él es el enc argado de hacerse con los asuntos que llevaba Garzón, de acuerdo con las normas de reparto. Al margen de la cantidad -es el juzgado con más actividad-, el Central de Instrucción número 5 gestiona algunas de las causas más delicadas. Por ejemplo, el caso Faisán, en el que se está a la espera de recibir la versión francesa de lo sucedido en el chivatazo a ETA, que podría estrechar el cerco al ex director general de la Policía. O la causa sobre Bateragune -en realidad, un caso Batasuna bis-, por la que está encarcelado Arnaldo Otegi y en libertad, al menos hasta ayer, Rafa Díez Usabiaga. O la causa de Guantánamo, que puede quedar en nada o ser la base de órdenes de detención para miembros de la Administración Bush. O, sin dejar la jurisdicción universal, el posible genocidio en el Sáhara Occidental, donde están imputados altos cargos marroquíes. O el caso Pretoria, que tiene en alerta a buena parte de la clase política catalana. O la operación Troika, sobre la implantación en España de mafiosos rusos...

FAVOR DE LA DECISIÓN JUDICIAL

Barrionuevo: 'Debió ser expulsado hace años'

Madrid

Probablemente lo único que compartan el partido de Falange y el ex ministro socialista José Barrionuevo sea su alegría por la suspensión cautelar de Garzón.

El ex titular de Interior José Barrionuevo manifestó ayer que la medida adoptada por el CGPJ llega «muy tarde» y que «hace 10 o 12 años que había que haberlo expulsado de la carrera judicial». Barrionuevo, que fue condenado por el caso Segundo Marey de los GAL, que instruyó Garzón, dijo a Servimedia que el juez «siempre ha actuado en una línea prevaricadora».

Para Rafael Vera, que fue ex secretario de Estado para la Seguridad con Barrionuevo como ministro, Garzón ha sido un «mal juez». También condenado por el caso Segundo Marey, lamentó la situación personal del magistrado, por él y por su familia, y no se pronunció sobre la causa por la que se le ha suspendido, sino, como Barrionuevo, por la que antaño tomó el juez sobre él, diciendo que entonces prevaricó «claramente», por lo que no le extraña que haya podido hacerlo en otro sumario, como el de las desapariciones del franquismo.

Quien valoró «muy positivamente» la decisión del CGPJ fue Falange Española de las Jons, una de las acusaciones iniciales en la causa contra el magistrado aunque más tarde fuera apartada del proceso. Falange considera que sin Garzón en la Audiencia, se ha puesto «fin» a la «utilización política» de los juzgados por parte del magistrado y que ello «contribuirá a una despolitización de la Justicia muy necesaria para su regeneración».

EN CONTRA

Madrid

Los artistas pro Garzón movilizan a la calle

Creen que la causa contra Garzón es un «proceso contra las víctimas» del franquismo y anuncian concentraciones en la Puerta del Sol todos los jueves a las 20.00 horas. Hasta un anuncio para televisión sobre la necesidad de investigar los crímenes del franquismo. A la cabeza están los escritores Luis García Montero y Almudena Grandes, y los actores Juan Diego Botto y Pilar Bardem, miembros de la plataforma contra la impunidad del franquismo, constituida por diversos colectivos sociales y del mundo del arte y la cultura.

Ayer se declararon «avergonzados por la situación del poder judicial», que perpetúa «la indefensión absoluta de las víctimas del franquismo».

Por su parte, el sindicato UGT calificó la suspensión como «un procesamiento injusto» contra un juez «íntegro», y como «una actuación judicial que será difícilmente entendible en el ámbito internacional y que perjudica la imagen de nuestro país».

Según UGT, la Sala de lo Penal de la Audiencia aprovechó «un mero incidente procesal reservado en la ley» para determinar qué órgano debe instruir una causa, y ha puesto fin «irregularmente a la causa de los crímenes del franquismo». También es una «mala noticia» para el Sindicato Unificado de Policía.

Para Amnistía Internacional, es «un hecho escandaloso» en democracia que se inicie el juicio al único juez en España que cumple su obligación de investigar crímenes internacionales. El CGPJ, dicen, transmite «un mensaje de impunidad». Human Rights Watch consideró que «ahora, la Justicia misma se ha convertido en una víctima en España».

«Falange y los de la 'Gürtel' le han dejado fuera»

Más allá de la prudencia del Gobierno, Zarrías se declara 'triste'

La postura oficial del Gobierno es una y la de sus miembros, otra. Ayer, el secretario de Estado de Política Territorial, Gaspar Zarrías, se desmarcó de la línea oficial del Ejecutivo respecto a la suspensión cautelar de Baltasar Garzón de sus funciones en la Audiencia Nacional.

Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, apeló al «respeto» a la decisión del CGPJ, pero puso el acento en la «presunción de inociencia» del juez hasta que sea juzgado.

Pero el número dos de Manuel Chaves en Política Territorial, también secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, Gaspar Zarrías, optó por mostrar su sentimiento personal en lo que calificó como «un momento triste para todos aquellos que amamos la libertad y la democracia».

«Siento tristeza por que la Falange, la extrema derecha, los intolerantes, los corruptos de la Gürtel, han dejado fuera de la carrera judicial, por lo menos temporalmente, a Garzón, un juez con el que se puede compartir o no sus decisiones, como ocurre siempre, pero que ha hecho un trabajo ímprobo y difícil de pagar en defensa del país frente al terrorismo, frente al narcotráfico y frente a la corrupción», declaró en Jaén, según informa Europa Press.

El que fuera vicepresidente de la Junta de Andalucía no dejó pasar por alto que Garzón «ha puesto al país en el mundo en lo que significa la justicia universal» y dijo esperar que se le concedan los servicios especiales para ir a La Haya, de modo que «pueda seguir su tarea, no ya en la Audiencia Nacional, desgraciadamente, pero sí en un tribunal internacional, para seguir trabajando por un mundo más justo y más libre».

Más comedido, el ministro de Exteriores también inclinó su balanza hacia Garzón. Tras el oficial «respeto» a la decisión del CGPJ, Miguel Ángel Moratinos emplazó a que «cada uno valore lo que supone».

«Es una personalidad muy bien valorada y que goza de bastante prestigio en las instancias internacional», terció, y destacó el informe que su departamento ha emitido en favor de su incorporación al Tribunal de La Haya porque «contribuye a la imagen y a la mayor presencia de España en el mundo». «Por eso, en el informe mostramos nuestra voluntad de que pueda desempeñar esa función», añadió.

Por parte del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, se limitó a expresar su «respeto» por la «aplicación de la ley», y apostilló: «Consideramos que cualquier persona, sea juez o sea cual sea su profesión, está sujeta a la ley, y la ley se aplica a todos los españoles con absoluta igualdad. Así que nuestro respeto a esa decisión».

Quien se negó a acatar la resolución fue Gaspar Llamazares, de IU. «Seguiré llamando su señoría al juez Garzón porque se ha cometido un linchamiento político que menosprecia al Parlamento y es una afrenta a las víctimas del franquismo», afirmó el diputado.

Emilio Olabarría, diputado del PNV, estimó que la suspensión de Garzón se ha hecho por «el motivo menos razonable». Dijo a Servimedia que Garzón ha sido un juez «manifiestamente mejorable», pero señaló que es «dudoso» que se le haya apartado del cargo por lo del franquismo y no por otros sumarios.

Opinión similar expresó Josep Antoni Durán Lleida, de CiU: «Si por unanimidad dicen esto, es que, desde un punto de vista legal, debía de haber algo, pero por el concepto por el que se le juzga personalmente no estoy de acuerdo».

ESPAÑA EN QUIEBRA: Zapatero avisa de que está listo para un 'decretazo'

JUAN EMILIO MAÍLLO / Madrid

Zapatero avisa de que está listo para un 'decretazo'

Dice a patronal y sindicatos que aprobará la reforma laboral si no pactan en 10 días

Las reuniones que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mantuvo el pasado jueves con los máximos responsables de Comisiones Obreras, UGT, CEOE y Cepyme sirvió para algo más que para explicar el duro ajuste económico impuesto por el jefe del Ejecutivo.

Zapatero aprovechó para testar el grado de cocción de la reforma del mercado de trabajo que sindicatos y patronal llevan preparando con el Gobierno desde inicios del presente año, tras el fallido intento del pasado.

El presidente dejó claro a sus interlocutores que, o se ponen de acuerdo de forma inmediata, o habrá reforma laboral por decreto, el manido decretazo que se llevan a la boca los sindicatos cuando se saca adelante cualquier reforma sin su visto bueno.

El mensaje fue recibido por Ignacio Fernández Toxo (CCOO), Cándido Méndez (UGT), Gerardo Díaz Ferrán (CEOE) y Jesús Bárcenas (Cepyme).

Y tres de los interlocutores, según la información recabada por EL MUNDO, están dispuestos a cumplir la orden del presidente. No tanto por esa amenaza de legislar, como por el hecho de que las partes son conscientes de que, tras meses de trabajo, no ha lugar para marear más la perdiz.

¿Quién es la excepción de los cuatro patas del diálogo social? El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, quien no está por la labor de suscribir en estos momentos una reforma que considera alejada de los planteamientos que requieren las empresas.

Otras fuentes empresariales consultadas por este diario apuntan a la debilidad que tiene en estos momentos el jefe de la patronal como consecuencia de los graves problemas que atraviesa una buena parte de sus empresas.

«Si Díaz Ferrán firma la reforma laboral, sabe que al día siguiente está fuera de la CEOE», opina un interlocutor empresarial. Cada vez son más las voces dentro de la patronal que reclaman a su presidente un paso atrás.

Por el lado sindical, sin embargo, sucede todo lo contrario. El calendario aprieta y les conviene suscribir el acuerdo para la reforma del mercado de trabajo lo antes posible.

Los sindicatos quieren separar lo máximo que puedan la foto del acuerdo de la huelga general que han convocado en la función pública para el 2 de junio.

«No tiene sentido», dice una fuente sindical, que haya una foto de un acuerdo con Zapatero dos días antes de convocar a los funcionarios para ir a la huelga contra el recorte salarial impuesto por el propio presidente del Gobierno.

«Necesitamos tiempo para preparar a la gente para el conflicto», ha transmitido uno de los líderes sindicales.

Tanto Comisiones Obreras como UGT han descartado, sin embargo, la convocatoria de una huelga general contra el Gobierno. Zapatero también lo sabe porque así se lo transmitieron Toxo y Méndez en la reunión que mantuvieron el pasado jueves.

Tratarán de canalizar la movilización a través de los funcionarios, lo que reduce de forma notable el grado de intensidad de la protesta programada por las centrales sindicales contra la decisión del Gobierno, que se plasmará en los acuerdos que el Consejo de Ministros adopte en su reunión de la próxima semana.

Zapatero, salvo cambio en la estrategia sindical durante los próximos días, se librará de una huelga general que sí que persiguió a sus dos antecesores inmediatos. Felipe González se enfrentó a dos paros generales. Fueron el 14 de diciembre de 1988 y el 27 de enero de 1994. Y José María Aznar la vivió en sus carnes el 20 de junio de 2002.. P. R. / Madrid

La movilización sindical será en la calle

CCOO y UGT posponen su decisión sobre la huelga y estudian convocar a pensionistas

CCOO prepara una «movilización general en la calle y en las empresas», y UGT, una «respuesta social proporcionada y contundente» a las medidas de ajuste anunciadas por el Gobierno. Pero la decisión sobre la huelga general se pospone. Si se produce, será una convocatoria unitaria, aclaran ambos sindicatos. Y si, según CCOO, «se mantienen y profundizan medidas equivocadas e injustas como las propuestas».

En las reuniones, ayer, de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT y de los secretarios generales de las federaciones y organizaciones territoriales de CCOO, se reiteraron las expresiones de condena y rechazo de los recortes contra el déficit, pero nada más. UGT remite a las convocatorias de su Consejo (el lunes) y su Comité Confederal (el día 26) para ulteriores decisiones, y CCOO anuncia la apertura de un debate en sus órganos de dirección para «madurar las iniciativas de movilización».

De momento, ya están en marcha las concentraciones del próximo jueves, el día en que el Consejo de Ministros aprobará los ajustes, y la huelga del sector público del 2 de junio. La anarcosindicalista CGT abre el calendario con una manifestación, mañana en Madrid. Además, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, reclamó ayer en Telecinco una movilización de los pensionistas y reiteró que no descarta «otros escenarios, que se irán concretando en próximas fechas».

Por el contrario, en el comunicado emitido por UGT tras la reunión de su Comisión Ejecutiva ni siquiera se menciona la huelga general. Eso sí, reprocha al presidente del Gobierno que haya cedido a la presión de los mercados financieros y que los recortes hayan «quebrado la confianza social». Fuentes de UGT aseguraron que la idea que se está estudiando, en principio, es organizar una «gran movilización general», con manifestaciones en toda España, para antes del 2 de junio, cuando paren los empleados públicos. «Este sindicato siempre ha sabido muy bien administrar las convocatorias de huelga general», resaltaron. «Lo fácil», añadieron, «es convocarla, pero también hay que pensar en el día siguiente». Las mismas fuentes se mostraron a favor de movilizar a los jubilados, ante un paquete de medidas «inédito en la democracia». Es la primera vez que se congelan las pensiones desde que en 1985 se decidió por ley su revalorización al comienzo de cada ejercicio, de acuerdo con el IPC previsto para ese año.

Para el sindicato USO, en cambio, no cabe duda de que debe convocarse una huelga general, de la que el paro de los empleados públicos el 2 de junio debe ser sólo «el primer paso».

El Gobierno, por su parte, hizo ayer un guiño a los sindicatos: la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, les agradeció la «responsabilidad» con la que, a su juicio, han actuado durante los dos últimos años, y que se mantengan en la Mesa del Diálogo Social pese a su rechazo a las medidas de ajuste contra el déficit, informa Efe.

SALVADOR SOSTRES

El drama son los funcionarios

El drama de la crisis no es una cuestión de porcentajes, sino un asunto moral. Un determinado estado de las cosas. El drama no es recortar un 5% el sueldo de los funcionarios, sino que ya todas las encuestas indiquen que los jóvenes prefieren ser funcionarios antes que empresarios.

El drama es que el sueldo de un funcionario no dependa de la calidad de su trabajo, ni de si rinde con responsabilidad o es de los que pide la baja por un simple resfriado. El drama es que sepan que tienen su puesto de trabajo garantizado, porque a la larga nadie lucha por lo que tiene asegurado. El problema es la moral funcionaria, y la degradación de la vida pública que esta moral conlleva.

El drama de la crisis no es que un empresario tenga que pagarle más o menos sueldo a un empleado, sino que este sueldo esté regulado por un convenio. El drama no es la cifra, sino el concepto. El drama es que las relaciones laborales en España estén secuestradas por los sindicatos y que patrón y trabajador no puedan entenderse libremente.

El drama es que la justicia no se basa en la justicia, sino en la igualdad, de modo que un empresario no puede premiar a un buen trabajador con un sueldo más alto porque no puede deshacerse del gandul -ni tan sólo del que manifiestamente le roba- sin casi arruinarse con la indemnización.

El drama no es que los trabajadores tengan derechos, sino que no tengan deberes, y que los sindicatos hablen de «derechos adquiridos» como si los pagaran ellos, cuando todo el mundo sabe que los derechos del trabajador los paga y los garantiza el empresario, y que sin empresario no hay nada.

El drama es que los sindicatos justifiquen su injustificable existencia a través de la confrontación del empresario con el trabajador. El drama no es que los empresarios no quieran dar oportunidades contratando, por ejemplo, a jóvenes que apuntan maneras, sino que no se atrevan a hacerlo porque es escalofriante el riesgo económico que ello conlleva.

El drama son los funcionarios, los sindicatos, la moral funcionaria y sindical según la cual todo depende de un pacto previo y nada depende de lo que seas capaz de hacer. Hay que ser muy mediocre y muy poco ambicioso para conformarte con un convenio. Hay que creer muy poco en tus posibilidades. Sin competitividad no hay esfuerzo ni mejora, y todo se entumece. Sin peligro, no hay tensión.

La diferencia entre los que acudimos a trabajar cuando tenemos la gripe y los que piden la baja y se quedan en casa es exactamente la misma diferencia que hay entre los que tenemos que defender un sueldo que está directa y únicamente relacionado con lo que producimos y aquéllos que da igual lo que hagan porque ni van a cobrar menos ni van nunca a echarles del trabajo.

Hay que refundar el mercado laboral español. Abolir los sindicatos y los convenios. Reducir drásticamente la masa funcionarial. Que el servicio sea público, cuando sea necesario, pero que la red sea siempre privada, y se pueda despedir en cualquier caso al que no trabaja. Que patrón y empleado puedan pactar, bilateralmente y sin interferencias, el trabajo que hay que hacer y las debidas compensaciones, con la única obligación -garantizada por el Estado, en su natural papel de árbitro, pero no de parte- de que ambos tengan que cumplir su pacto.

Y esto no es de derecha ni izquierda, sino simplemente construir una sociedad más justa y más libre.

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA / Madrid

Rajoy planteará hoy a sus barones una bajada salarial para los altos cargos autonómicos

Francisco Camps «sorprende» a Génova confirmando su asistencia a la reunión

El PP ha decidido tomar la delantera al Gobierno. A la espera de que Rodríguez Zapatero lleve a efecto su anunciado recorte salarial en el Gobierno y en la función pública, Rajoy ha convocado hoy a sus barones autonómicos en Madrid para plantearles una reducción similar para sus respectivos altos cargos.

La propuesta cuenta con el handicap de que algunas administraciones, como la de Madrid, ya hicieron sus respectivos ajustes. Génova tratará, pues, de acordar alguna fórmula conjunta, con reducciones salariales de entre el 5% y el 15%.

Éste será uno de los dos asuntos centrales de la agenda que reúne hoy en Génova a la plana mayor de la dirección nacional del partido -secretaria general, vicesecretarios y secretarios ejecutivos- con sus 17 presidentes autonómicos y de partidos regionales, entre los que destacará Francisco Camps.

El presidente de la Generalitat Valenciana ha dado la «sorpresa» -tras largos meses de reiteradas inasistencias, según fuentes de la cúpula popular- aceptando la invitación, haciendo alarde de «fuerzas» pese a estar en puertas del banquillo por la causa de los trajes.

El otro gran asunto que convoca a los populares hoy es hacer una valoración conjunta del ajuste dado a conocer el pasado miércoles por Rodríguez Zapatero. Una tarea en la que el propio Rajoy se empleó ayer a fondo en su despacho, asistido por asesores, y en la que tendrá un papel específico el coordinador económico del partido, Cristóbal Montoro.

De momento, el PP ha lanzado un mensaje muy crítico contra el Gobierno por haber incumplido la promesa de presentar, ayer mismo, el techo de gasto público para el próximo ejercicio. Incluso relacionó el último castigo de los mercados a esa misma falta de concreción y de urgencia en las medidas anunciadas.

Así, el secretario de Economía y Empleo, Álvaro Nadal, atribuyó el desplome de la Bolsa madrileña -que registró al cierre de la sesión la mayor caída desde octubre de 2008, al ceder un 6,64%, lo que situó el Ibex 35 en el nivel de los 9.314,7 puntos- a que el Gobierno ha dado muestras de una «incapacidad absoluta» para concretar el ajuste del déficit anunciado el pasado miércoles, «cuando todo el mundo esperaba una actuación inmediata», según informa Europa Press.

Nadal señaló que el mero anuncio de un recorte adicional del déficit de 15.000 millones para 2010 y 2011 no tiene «contenido económico por sí mismo», y el Ejecutivo debería haber aprovechado el Consejo de Ministros para presentar «la letra pequeña» de dicho ajuste.

Además, en lo que va a ser una constante en el discurso del PP, el diputado señaló que España tiene que aplicar no sólo una contención del gasto, sino también reformas que demuestren a los mercados que nuestro país es un «buen pagador» del crédito internacional.

«Cuando se anuncian medidas, se tienen que poner en marcha cuanto antes, y hoy [por ayer] no han sido capaces ni de presentar el techo de gasto para 2011», insistió Nadal, quien sugirió que este retraso podría deberse a que el Gobierno se ve sin apoyos para sacar adelante los recortes en el Congreso de los Diputados.

MANUEL SÁNCHEZ

Al PSOE le preocupa el recorte de pensiones

Más que la bajada de sueldo a los funcionarios, más que los recortes en Ley de Dependencia, más que el tijeretazo a la ayuda al desarrollo, el PSOE quiere parar el mensaje tan negativo que supone para su electorado congelar las pensiones.

Tal vez, por ello, desde hace más de 36 horas su página web la preside el siguiente titular: «No se baja ninguna pensión. En 2011, la mitad de los pensionistas cobrará lo mismo y la otra mitad recibirá una pensión más alta».

Es inusual que en la página web del PSOE se divulgue este tipo de mensajes, ya que generalmente se limita a colgar declaraciones de sus máximos dirigentes, vídeos de sus actos políticos o sus propios blogs.

Sin embargo, lo que demuestra el titular que preside su 'home' es un sentimiento muy arraigado en las filas socialistas: el error político que supone congelar las pensiones, el impacto que tiene en este amplio colectivo, y la necesidad de explicar lo mejor posible la decisión política que se ha tomado.

De hecho, según fuentes consultadas, el PSOE está recibiendo múltiples comentarios de protesta en sus foros en internet por las medida de recorte, junto a algunas bajas de militancia, y la mayoría está dirigida a la congelación de las pensiones o su no revalorización en función del IPC. El PSOE está empeñado en explicarlo bien en cualquier foro. Y si hace falta se acude a 'La Noria'. José Blanco, sin ir más lejos, lo hará esta noche.

AGUSTÍN YANEL / Madrid

CiU pide que haya anticipo electoral o una cuestión de confianza

Josep Antoni Duran Lleida, portavoz de Convergència i Unió (CiU) en el Congreso de los Diputados, considera que, ante la situación de «debilidad política» en la que se encuentra el presidente Rodríguez Zapatero, el PSOE debería presentar una cuestión de confianza, promover un adelanto de las elecciones o buscar otro candidato.

No obstante, se mostró pesimista porque cree que no va a prosperar ninguna de esas propuestas.Sigue en página 12

El miércoles último, cuando respondió a José Luis Rodríguez Zapatero en el Pleno del Congreso, Duran Lleida afirmó: «El Gobierno no despierta confianza, pero la oposición tampoco». «Así no se puede seguir, y algo habrá que hacer, pero la solución no pasa por sustituir a quienes no inspiren confianza por otros que tampoco lo hacen», añadió, en clara referencia a Mariano Rajoy. «Todas las posibles soluciones están en manos del partido del Gobierno», insistió.

Ayer, en declaraciones a Onda Cero, concretó en tres esas posibles soluciones: cuestión de confianza, moción de censura o adelanto de las elecciones generales.

Duran Lleida opinó que el Gobierno ha salido «tremendamente debilitado» de esta semana por dos motivos: porque ha tenido que adoptar una rebaja histórica de derechos sociales de la ciudadanía -congelación de pensiones, reducción del salario a los empleados públicos y recortes a las personas dependientes, entre otros-, y porque le han obligado a hacerla desde la Unión Europea.

Artur Mas, el líder de esta misma formación política, también pidió a los socialistas que busquen otro candidato con «un mínimo de credibilidad». Duran y él coincidieron en que el PP no va a presentar una moción de censura, porque los populares saben que la perderían.

Desde las filas del PP, los presidentes o responsables de este partido en varias comunidades autónomas se sumaron ayer a lo que han dicho en los últimos días algunos dirigentes -Rajoy no se ha pronunciado- y pidieron un adelanto electoral.

El presidente riojano, Pedro Sanz, afirmó que, después de presentar unas medidas «duras, drásticas, unilaterales e insuficientes» para reducir el déficit público, Rodríguez Zapatero está «en la cuerda floja» y debe adelantar los comicios, porque es «lo más conveniente para todos los españoles».

Lo mismo opinó el líder del PP vasco, Antonio Basagoiti, según informa la agencia Efe. «Cuando uno la ha liado parda, como Zapatero, lo que debería hacer es convocar elecciones», declaró.

En Izquierda Unida (IU) no son partidarios de un adelanto electoral, porque dicen que la solución a los problemas de España no va a venir con la sustitución de Rodríguez Zapatero por Mariano Rajoy.

«No nos planteamos cambiar el Gobierno», afirmó su coordinador general, Cayo Lara. «Lo que queremos es que el Gobierno gire en su política económica hacia la izquierda, y la única manera de hacerlo es con la presión popular».

Frente a esas peticiones de adelanto electoral, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, al ser preguntada tras el Consejo de Ministros, respondió: «No vamos a dejar la tarea a medias».

Tras indicar que el Gobierno está trabajando para salir de la crisis económica, dijo que, como hace siempre, el partido de Mariano Rajoy se niega a «arrimar el hombro» y sólo piensa «en sus cuentas electorales».

OORBYT.es

>¿Elecciones ya? Videoduelo: Ignacio Gil/Lucía Méndez

AGUSTÍN YANEL / Madrid

IU pide un referéndum sobre las medidas antidéficit del Gobierno

Cayo Lara: «Es un golpe de Estado del capital financiero»

El coordinador general de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, considera que unas medidas tan «duras» como las que ha preparado el Gobierno para reducir el déficit público, deben ser sometidas a un referéndum para que la ciudadanía diga si las aprueba o no.

Son propuestas que, según dijo, van «contra una parte de los trabajadores, contra los pensionistas y contra los más desfavorecidos». «Es un golpe de Estado del capital financiero contra las conquistas de los trabajadores y contra los intereses de la ciudadanía», afirmó en una rueda de prensa.

En contra de los argumentos de Zapatero, Cayo Lara se mostró convencido de que existen otras alternativas para recaudar más dinero para la Hacienda Pública y reducir el déficit público, sin recortar los beneficios sociales. IU ha calculado lo que se lograría con esas propuestas y las va a presentar en el Congreso como proyecto de ley para que sean debatidas.

Sólo con recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio -que fue suprimido por el PSOE hace dos años- se obtendrían unos 2.200 millones de euros, 200 millones más de los que supone la congelación de las pensiones que propone el Gobierno, según los cálculos de IU.

También proponen elevar del 43% al 50% la tributación en el tramo más elevado del IRPF, para las rentas más altas. Eso generaría unos 2.500 millones de recaudación, 1.200 millones más que lo que se va a ahorrar con la eliminación del cheque bebé, que en IU no defienden.

En la propuesta que presentó Cayo Lara se incluye que ningún alto cargo de las administraciones públicas -desde los ayuntamientos al Gobierno- ni de las empresas del Estado cobre más que el presidente Zapatero, algo que ocurre ahora en muchos casos.

Además de muchas medidas de tipo fiscal, IU plantea reducir el déficit público con propuestas como éstas: retirar las tropas españolas en Afganistán; reducir en un 15% durante los tres próximos años -como se va a hacer con los ministros, altos cargos y diputados y senadores- el dinero que concede el Estado cada año a la Casa Real, y no dar subvenciones ni ayudas a las empresas privadas cuyos ejecutivos cobren sueldos superiores al del presidente del Gobierno.

Todo eso, según Cayo Lara, debe ir acompañado, de una racionalización del gasto público para eliminar los excesivos y suntuarios.

Madrid

Críticas para Zapatero y Rajoy

Nacionalistas, regionalistas e independentistas lanzaron ayer sus respectivos retos políticos, tanto al Gobierno socialista como a la oposición popular, en relación con las medidas de recorte. El líder del PNV fue el más crítico y el presidente de Cantabria el más benévolo sobre el reparto de cargas anunciado por Rodríguez Zapatero. El republicano Carod-Rovira, por su parte, prefirió criticar al PP.

IÑIGO URKULLU (PNV)

Critica el «giro copernicano» y que «paguen justos por pecadores»

El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, afirmó ayer que el «giro copernicano» de José Luis Rodríguez Zapatero evidencia el «fracaso» del modelo socialista y censuró que pretenda que «paguen justos por pecadores», de modo que «quienes ya hemos hecho los deberes» tengan que asumir «los mismos recortes que quienes han estado mano sobre mano sin hacer nada o gastando por encima de sus posibilidades». Asimismo, defendió que el PNV debe «sujetar el timón» de Euskadi ante un Gobierno español «dando tumbos» y un Ejecutivo vasco «sin rumbo». En esta línea, destacó que «nadie podrá decir que el PNV no ha sido responsable».

CAROD ROVIRA (ERC)

Emplaza al PP a cerrar «todas sus delegaciones en el exterior»

El vicepresidente de la Generalitat, el republicano Josep Lluís Carod-Rovira, emplazó ayer al PP a dar ejemplo y cerrar las delegaciones y oficinas en el exterior de las autonomías en que gobierna, si tan mal encuentra que el Gobierno catalán las tenga. «Ellos no han cerrado las oficinas en el exterior. Cuando las hayan cerrado todas, nosotros nos lo pensaremos», afirmó.

Según Carod, cerrar las delegaciones y las oficinas de Cataluña en el exterior es una posición «absolutamente autista y provinciana» y que, además, va en contra de los intereses económicos y del propio sentido de la historia. Tras admitir que se han abierto 20 embajadas en los últimos meses, argumentó: «El mundo está en crisis y hay que salir. Si alguien piensa que sentados en la butaca del comedor la gente vendrá a Cataluña a comprar productos y servicios, está equivocado».

MIGUEL ÁNGEL REVILLA

Se plantea «dar el salto a la política nacional» para «presionar»

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, declaró ayer que está planteándose «dar el salto a la política nacional», tras la paralización de las obras en la construcción del AVE Madrid-Santander, e ironizó sobre la necesidad de tener «tres o cuatro diputados en Madrid», que presionen y negocien los Presupuestos «a cambio de votos», para «conseguir que te den las obras».

Revilla calificó la suspensión de las obras de «hecho insólito» y aseguró que tiene 67 años y había pensado no volver a presentarse más en política, pero que no puede «soportar ni tolerar las injusticias».

ESPAÑA EN QUIEBRA: El temor a la recaída tumba las Bolsas

MARÍA VEGA / Madrid
Viene de página página

Debacle de la Bolsa y el euro por el temor a otra recaída

El Ibex encabeza las pérdidas (-6,6%) y la moneda única retrocede al nivel de 2006 / Riesgo de deflación al bajar el consumo en España

Un nuevo brote de pánico se apoderó ayer de las Bolsas europeas y en especial de la española, en una jornada negra que arrastró al euro a mínimos que no tocaba desde abril de 2006 y abrió la puerta al regreso de los grandes fondos especuladores que apuestan por la caída de los mercados en el corto plazo.

La advertencia que lanzó el FMI a los países ricos sobre la necesidad de ajustar aún más su déficit para no seguir inflando su abultada deuda desató la alarma de los inversores. En España, los datos sobre la evolución negativa de los precios agravaron el sentimiento de pesimismo en el mercado.Sigue en pág. 40

Editorial en página 3

Los inversores dejaron claro ayer que cualquier dato macroeconómico puede ser el detonante de un crash bursátil en estos momentos de extrema volatilidad. Y es que por la mañana, nada más conocerse que por primera vez en 24 años la inflación subyacente (la que no incluye el precio de las gasolinas y los alimentos no elaborados) en España registró tasas negativas, los mercados comenzaron a especular y el Ibex 35 inició su caída libre hasta cerrar con un descenso del 6,6%, el mayor desplome desde la caída de Lehman Brothers en octubre de 2008.

Los miedos a que la economía española no encuentre una salida a esta crisis -por el efecto devastador que tendría sobre el euro la caída de un país del tamaño de España- y las sombras que pesan sobre otras economías europeas por su alto déficit público, como Reino Unido o Italia, volvieron a inyectar pesimismo en las plazas del Viejo Continente y contagiaron el arranque de Wall Street. La moneda única se despeñó hasta los 1,23 dólares.

Las advertencias a los países ricos que el FMI lanzó a través de dos informes fiscales tampoco ayudaron a los mercados. Según la institución monetaria, aunque el inicio de la recuperación económica haya aumentado la recaudación tributaria, los países avanzados deben reducir su déficit a 8,75 puntos porcentuales de su Producto Interior Bruto (PIB) en la próxima década para que la deuda baje al 60% del PIB.

El FMI recordó que la deuda pública debe regresar pronto a los niveles anteriores a la crisis porque si no lo hace, el crecimiento potencial de las economías avanzadas podría descender un 0,5% al año.

No obstante, aunque el déficit preocupa a los mercados, las exigencias de los inversores tradicionales a los Gobiernos van más allá del ajuste de este dato.

Si hace unas semanas, las Bolsas pedían recortes de gasto para reducir el déficit público en países como España, ahora quieren más transparencia para saber cuál será el impacto real de estas medidas en la recuperación. Mientras los inversores no tengan este dato claro, los mercados parecen condenados a moverse al compás de los rumores.

De hecho, ayer tuvo un fuerte impacto el runrún recogido por la agencia financiera Bloomberg y no confirmado oficialmente sobre la posibilidad de que el Banco Central Europeo (BCE) hubiera dejado de comprar deuda española e italiana, tan sólo cuatro días después de que pusiera en marcha su programa de compra de bonos.

El bono español sufrió las consecuencias de estos comentarios y su diferencial con el bund alemán a 10 años (que se utiliza como referencia en Europa para comparar la rentabilidad de estos productos financieros con los que se financian los Estados) se disparó hasta 110 puntos. Y todo ello a pesar de que el plan de ajuste que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, presentó el miércoles en el Congreso había logrado rebajar esa cifra hasta los 98 puntos.

También los CDS, que recogen el coste de asegurar la deuda soberana, se elevaron ayer hasta 154 puntos para la española. Mientras, en el caso de Italia superaban los 139 enteros.

El coste de emitir deuda en los países periféricos de la Eurozona subía, mientras las Bolsas se desplomaban y el euro perdía posiciones frente al dólar y consolidaba las caídas de los últimos días hasta cambiarse por 1,23 dólares, un nivel que no tocaba de 2006, ya que ni siquiera cayó tanto con el estallido de la crisis financiera y la nacionalización de algunos bancos en Europa.

Bonos, divisas y acciones son los tres focos sobre los que actúan los especuladores que apuestan por la caída de los mercados, reconocía ayer a este periódico el analista de IG Markets, Daniel Pingarrón.

Las llamadas posiciones cortas (que consisten en tomar prestada una acción para venderla temporalmente y, cuando ésta caiga, volverla a comprar a un precio más bajo antes de devolvérsela a su a su dueño) volvieron a cebarse ayer con los mercados europeos, especialmente con la banca. Las grandes entidades financieras españolas (Santander y BBVA) y francesas (Société Générale, BNP Paribas y Crédit Agricole) figuraron entre los valores más castigados del Eurostoxx, con caídas de entre el 6,4% y el 9%.

La banca sigue en el punto de mira y ayer unas declaraciones del consejero delegado de Deutsche Bank, Josef Ackermann, a la televisión alemana en las que expresó sus dudas de que Grecia pueda hacer frente a los pagos de todos sus vencimientos de deuda a pesar de las ayudas recibidas por la UE y el FMI volvieron a golpear a los bancos europeos.

Sin embargo, la Bolsa de Atenas con un descenso del 3,4% consiguió mantener el tipo mejor que las plazas de París (-4,6%), Milán (-5,3%) o Lisboa (-4,2%). Curiosamente, Grecia es el único país europeo que ha prohibido las posiciones cortas en sus mercados financieros para hacer frente a su delicada situación.

Con estos elementos, los expertos se muestran muy cautos a la hora de predecir cuándo recuperarán la normalidad las Bolsas. «El mercado está peligroso porque el miedo se ha instalado en las Bolsas», señalaba ayer el gestor de fondos de Renta 4, Óscar Moreno.

OORBYT.es

>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el videoanálisis de Vicente Lozano sobre la grave situación económica..

E. MAÍLLO / Madrid

La caída del consumo revive el 'fantasma' de la deflación

La inflación subyacente, que excluye los productos de mayor volatilidad, cayó en abril por vez primera en más de 24 años

La economía española flirtea con la deflación, según evidenciaron ayer los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) correspondientes al mes de abril.

Desaparecido, con permiso del petróleo, el fantasma de la estanflación (parón económico con alza de precios), la amenaza ahora se llama deflación, entendida como la caída de precios.

España ya vivió esa situación durante el pasado año, pero entonces la deflación estaba provocada por un elemento transitorio: los menores precios del petróleo respecto a 2008 generaban un espejismo de caída general de precios.

Ahora sucede justo lo contrario. Los precios de los productos más volátiles -los derivados del propio petróleo y los alimientos frescos- son los que han llevado el IPC hasta el nivel del 1,5%.

Sin embargo, si se quitan dichos componentes y se analiza la cesta de la compra más estable, lo que se conoce como inflación subyacente, registra una caída en lo que va de año del 0,2% y en los 12 últimos meses del 0,1%. Nunca desde que se mide esta rúbrica -desde 1986- se había registrado un descenso en términos interanuales.

El Gobierno, consciente de la gravedad de esta evolución, trató ayer de darle una explicación algo sui generis. Atribuyó la caída de la inflación subyacente a la Semana Santa. Como en el año 2009 la festividad cayó íntegra en el mes de abril y este año parte de la semana ha tenido lugar en marzo, eso ha provocado una caída de los precios.

El secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, afirmó ayer que el comportamiento de la inflación subyacente fue «puntual» que aventuró la vuelta a tasas «positivas» en los próximos meses. En opinión del secretario de Estado, la inflación subyacente está consolidando su tendencia a una tasa «muy ligera, pero positiva», informa Servimedia.

Desde el pasado mes de septiembre la inflación subyacente llevaba oscilando entre los niveles del 0,1% y el 0,3%.

La razón de esta atonía de los precios tiene que ver con el estancamiento del consumo. Las empresas se ven obligadas a ajustar los precios como estrategia para tratar de lograr un mayor volumen de compras por parte de los clientes.

De los 12 grupos que componen el IPC, cinco están en negativo y otros dos prácticamente estancados. Sin embargo, hay dos que están por las nubes: bebidas alcohólicas y tabaco, por un lado, y transporte, por otro.

El primer grupo experimenta un repunte de precios del 12,1% en el último año, mientras que el transporte se encarece un 8,3%. Detrás de este comportamiento hay varios factores. Por un lado, el incremento de impuestos decretado por el Gobierno. Por otro, la carestía del petróleo y la debilidad del euro, que tiran al alza de la rúbrica de transporte.

Por el contrario, los componentes de ocio y cultura son un 2,5% más baratos; los alimentos y bebidas no alcohólicas (no sujetos a gravámenes especiales) caen un 1,9%, las medicinas un 1,7%, las comunicaciones un 1,3% y la ropa un 0,9%.

Si se analizan los productos uno por uno, el mayor encarecimiento en el último año es para el tabaco, con un 17,1%. El transporte personal es un 8% más caro y la calefacción un 5,5%. Estos dos últimos salpicados por el precio de los carburantes.

En el lado de las caídas sobresalen, mientras tanto, la lecha, que se ha abaratado un 8,7% en los 12 últimos meses. El azúcar, cuyo precio es un 6,9% menor. Las frutas frescas, que son un 5% más baratas, o la carne de ave, por la que hay que pagar un 4,4% menos.

El Gobierno espera que los precios empiecen a repuntar en la medida en que el consumo de las familias se recupere.

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CAMPUZANO

¿No es suficiente?

De nuevo las bolsas mundiales caen con fuerza, no lejos ya de los niveles mínimos que vimos una semana atrás. ¿No son suficientes las medidas tomadas en los últimos días? Recuerden. Se crea un mecanismo para estabilizar el euro por un volumen equivalente al 8,5% del PIB; se habilita al BCE para comprar deuda pública, inyectar de nuevo sin límite de cantidad a tres y seis meses a tipo fijo del 1% y prestar dólares al mercado; los países más cuestionados se comprometen a acelerar su ajuste fiscal. Las dos últimas condiciones ya se están cumpliendo, en algunos casos como el ajuste fiscal decidido por los gobiernos español y luso con un enorme esfuerzo social y político. Quizás también económico. Por lo que respecta al Mecanismo de Estabilidad del Euro (Fondo), la primera condición anterior, ya se está aprobando por los diferentes gobiernos. Entonces, ¿por qué no se recupera el mercado? Les ofrezco diferentes alternativas: No, no son medidas suficientes. La deuda total de los cuatro países periféricos del euro supera 2,5 billones. El Fondo creado podría ser insuficiente si la tensión se acentúa.

¿Serán capaces los gobiernos de llevar a cabo el ajuste fiscal? Todas las miradas se centran en Grecia. Pero es que el ajuste fiscal necesario para reducir el déficit hasta el nivel objetivo podría ser mayor en el resto de los países si las previsiones oficiales de crecimiento resultan ser muy optimistas.

¿Aumentará la disciplina fiscal y coordinación en política económica? Para algunos analistas, el Fondo supone una tentación enorme para aplazar los ajustes. Para otros, es una oportunidad única para avanzar en el objetivo último de soberanía política.

¿Entienden las dudas? ¿Y el miedo? El miedo conlleva cautela. El pánico provoca decisiones irracionales, como liquidar posiciones a cualquier precio. Los mercados no funcionan, se vuelven ilíquidos, lo que se traduce en nuevas caídas. Como una bola de nieve cada vez más grande, el proceso se retroalimenta.

Sigo pensando que la mejor forma de luchar contra la incertidumbre es la transparencia. Un año atrás la Fed decidió tomar posiciones de todos los mercados que amenazaban con derrumbarse. Lo anunció y cuantificó. Algo similar debería hacer el BCE. Los gobiernos deben ser claros sobre sus objetivos, de nuevo realistas en sus previsiones y no ir a la zaga de los mercados. Es importante acabar con toda la especulación que rodea al euro, su existencia. Valdría avanzar de forma rápida en la coordinación fiscal, disciplinaria. Algo creíble. Sinceramente, no sé si todo esto es la solución. Pero sí creo es que hay que ser persistente en las medidas tomadas. Y ampliarlas si hace falta.

José Luis Martínez Campuzano es estratega jefe de Citi en España

ROSALÍA SÁNCHEZ / Berlín

La UE adelanta la normativa contra los especuladores

Merkel y Sarkozy pactan la regulación contra los 'hedge funds' y exigen que sea aprobada el martes pese a la resistencia británica

Especial para EL MUNDO

La gran batalla contra los especuladores financieros tendrá lugar el martes en Bruselas. Berlín espera que la votación con la que la UE pretende parar los pies a los fondos de inversión de alto riesgo, a los que considera responsables y principales beneficiarios de la crisis del euro, sea la semana entrante, adelantándose al resto de legislaciones al respecto que también estarían gestándose en otros países y convirtiendo a la UE en el mercado financiero pionero en este aspecto.

Según fuentes de la Cancillería de Merkel, los gobiernos francés y alemán han conseguido apoyo suficiente para aprobar una nueva normativa que aumentará considerablemente los niveles de transparencia que se exige tanto a los gestores de fondos de cobertura como a las firmas de capital privado para operar en Europa. El texto preparado para la votación en Bruselas contempla la obligación de reducir el grado de apalancamiento que utilizan, así como presentar ante las autoridades comunitarias informes periódicos que incluyan importantes detalles acerca de sus carteras. Recoge, además, la obligación de los hedge funds de mantener sus activos en bancos europeos, condición en la que se advierte la intención de forzar la capitalización del Continente.

La mera confirmación, ayer, por parte de la ministra española Elena Salgado, en declaraciones a Financial Times, de que toda esta nueva normativa está ya en marcha creó una espiral de salida de capital de las Bolsas europeas. Muchos fondos no pertenecientes a la UE y especialmente los norteamericanos podrían verse afectados, puesto que deberían cumplir los mismos requisitos que los locales para operar en los mercados europeos, lo que, según analistas londinenses, podría terminar en conflictos diplomáticos con EEUU.

En el pasado mes de marzo Tim Geithner, secretario del Tesoro estadounidense, escribió a los funcionarios de la UE para advertirles que las nuevas normas en las que estaban trabajando podrían dar lugar a una «ruptura transatlántica» al dejar a los fondos de EEUU fuera de los mercados europeos, según informó FT.

En Berlín, sin embargo, no se advierte semejante peligro. La canciller Merkel ha anunciado reiteradamente su intención de disminuir las facilidades con las que los especuladores se sirven de las crisis para hacer dinero y su equipo se esforzaba anoche por subrayar dos detalles: que de este asunto ya se ha hablado con Obama y que es «absolutamente falso» que se haya producido una amenaza de Francia de abandonar el euro si Alemania no accedía al último programa de ayudas a la estabilidad de la moneda única. A esta información atribuye el Gobierno de Berlín la nueva caída de las Bolsas europeas, en las que la imagen de Francia saliendo por la puerta del euro causó ayer pavor. «Sencillamente, eso nunca ha pasado», aseguran.

Otro comentario que terminó de hundir ayer las Bolsas fue el del presidente de Deutsche Bank, Joseph Ackermann, que osó afirmar públicamente lo que muchos tienen en mente, pero que dicho en la televisión alemana por un amigo personal de Merkel causaba escalofríos. «Tengo mis dudas sobre si Grecia se encuentra en condiciones de intensificar sus esfuerzos y responder al pago de la deuda», dijo. No hizo falta más para hacer cundir el pánico, a pesar de que, seguidamente, quiso hacer distinciones explicando que España e Italia serán «suficientemente fuertes» para afrontar su deuda gracias al fondo europeo de estabilización. En el caso de Portugal, las cosas son «más difíciles», admitió.

Los analistas de Fráncfort, tras escucharlo, se debatían entre pedir públicamente «¡Que Ackermann cierre la boca!», como hicieron los de Financial Times Deutschland, o tirarse de los pelos preguntándose por qué muerde la mano que le da de comer, puesto que está claro que en el macroplan de ayuda al euro subyace un macroplan de ayuda a los bancos más expuestos a la deuda griega, como es el caso de los alemanes. Los más leían entre líneas una petición de más millones a su amiga Merkel. «Europa debe intensificar sus esfuerzos» hacia Grecia, dijo Ackermann.

RAFAEL PAMPILLÓN

¿Qué se puede hacer?

Parece que ayer los mercados descontaban una situación económica, para España, mucho peor de la prevista. Las medidas de reducción del gasto público adoptadas esta semana por el Gobierno no han sido suficientes y no han convencido a los inversores. El Gobierno ha perdido mucho tiempo y no acaba de enfrentarse a las necesarias reformas estructurales. España necesita tomar la senda del crecimiento pero para ello hay que ir cambiando nuestra estructura productiva orientándola hacia las exportaciones, a la vez que se hacen las reformas pendientes: la de la administración territorial, que permita una mayor unidad, del mercado laboral que permita crear más empleo, del sector de la energía y de las cajas. Sin exportaciones y reformas no habrá crecimiento ni generación de empleo.

El dato de caída de precios (deflación subyacente) muestra que el consumo no consigue ni recuperarse ni convertirse en motor de la economía. El elevado endeudamiento de las familias les está obligando a ahorrar más, para pagar lo que deben y, por tanto, a consumir menos. También porque el patrimonio de las familias (fondos, inmuebles, acciones, etc.) tras sufrir un duro golpe en 2008, 2009 y 2010 ha generado una reducción de la riqueza con efectos negativos sobre el consumo que se extenderá por lo menos durante este año y el que viene. En tanto, que el elevado desempleo también provoca que la gente consuma menos y ahorre más por motivo de precaución.

Tampoco parece que sea la inversión la que vaya a tirar de la economía. Las empresas, sobre todo las pequeñas que emplean más de la mitad de la fuerza laboral, tienen serias dificultades para acceder al crédito. Las entidades están sufriendo un aumento de morosidad que les exige mucha prudencia en la concesión de créditos. Algunas familias no devuelven los créditos por los elevados niveles de desempleo y las empresas que no pagan lo hacen porque han cerrado o no están en condiciones económicas de hacer frente a sus obligaciones crediticias.

Ante una demanda interna tan débil solo queda poner el foco en el sector exterior. La salida de la crisis pasa por animar la exportación. Afortunadamente, tanto la depreciación del euro como un mayor crecimiento de la economía mundial darán mayor vigor a nuestras ventas en el exterior. Para apoyar esta tendencia, el sector público debería afrontar mayores reducciones en el gasto corriente, improductivo e innecesario, donde todavía queda mucha tela que cortar, y dirigir su gasto a aumentar la productividad y la competitividad de nuestros productos. Por tanto, la solución a nuestros problemas pasa por aumentar la cantidad y calidad de nuestra oferta exportadora y por hacer las reformas estructurales.

Rafael Pampillón es catedrático de la Universidad San Pablo CEU.

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA / Madrid

La 'marea Cascos' da un empujón decisivo

Génova acoge con recelo la carta del PP de Asturias que lo postula como candidato

La marea Cascos, esa pretendida corriente popular a favor del ex vicepresidente del Gobierno como candidato a la presidencia de Asturias -así bautizada por su propio protagonista-, se convirtió ayer en tsunami con la carta que dirigió a Mariano Rajoy el presidente del partido regional, Ovidio Sánchez.

El dirigente regional había admitido ya públicamente el «entusiasmo» que dicha candidatura ha generado en las bases de la formación. Pero con su carta, refrendada ayer por el secretario general asturiano, Fernando Goñi, el partido daba «un paso más» en una operación política perfectamente diseñada desde hace meses a la que le falta el consentimiento expreso del propio Cascos y, sobre todo, el de la dirección nacional del partido, con Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal a la cabeza.

La secretaria general es, precisamente, quien más ha dejado ver, hasta ahora, su recelo. Lo hizo ayer mismo al declarar que «el PP de Asturias propondrá al que va a ser el mejor candidato para dicha comunidad autónoma», y declinar cualquier juicio previo a una proposición oficial. «Estas cosas hay que tomarlas muy en serio, porque el representante del PP de Asturias debe ser elegido desde el propio partido, comentándoselo a la dirección nacional», afirmó Cospedal, según informa Efe.

En efecto, las fuentes consultadas en Génova se atuvieron ayer a la formalidad del proceso previsto en los estatutos y del calendario de elección de candidatos -no antes del verano- para no darse por enterada de la carta y remitirse a la propuesta que en su día haga el Comité Electoral regional. De manera oficiosa, además, justificaba su silencio en la división interna del PP de Asturias, entre Oviedo y la minoritaria Gijón, opuesta a Cascos. Pese a reconocer las expectativas electorales del ex ministro, aguarda a medir fuerzas.

MARISOL HERNÁNDEZ / Valencia

Camps prepara la logística para poder celebrar elecciones en sólo tres meses

Dos días después de no descartar un adelanto, el 'Consell' crea la comisión electoral

El Gobierno valenciano aprobó ayer por decreto la creación de una Comisión de coordinación, apoyo y seguimiento del Proceso Electoral a las Cortes Valencianas, que supone el primer paso para desarrollar la logística que necesitan unas elecciones autonómicas.

La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, consideró esta decisión como un «proceso ordinario», pero que a un año de los comicios -previstos para mayo de 2011- es absolutamente inusual. La prueba es que la misma comisión hace cuatro años, en la previa de las autonómicas de 2007, se constituyó el 23 de febrero, sólo tres meses antes de las elecciones. Esto significa que con este mismo intervalo de tiempo la Generalitat estaría en condiciones de abordar unas elecciones.

Pese a que Sánchez de León trató ayer de minimizar su importancia en el relato de temas tratados en el Pleno del Consell, la puesta en marcha de este comité se produce dos días después de que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, abriera públicamente la espita de un posible adelanto electoral.

En la rueda de prensa posterior a su intervención ante la Junta Directiva del PPCV, unas horas más tarde de conocerse que el Tribunal Supremo resolvía reabrir el caso de los trajes, Camps admitía, por primera vez en toda legislatura, la posibilidad de anticipar las autonómicas. «Es una cuestión que me corresponde como presidente. No descarto nada de nada, eso es lo importante», aseguraba.

La opción de unas elecciones el próximo otoño circulaba hace días entre los populares valencianos, pero en la hipótesis de que el Supremo archivara definitivamente la causa contra Camps. Acabado el trauma judicial, era el momento de abrir una nueva etapa política.

Pero, a partir de esas declaraciones, se ha extendido la impresión de que se baraja un anticipo aunque Camps vuelve a estar imputado y muy cerca del banquillo.

La dificultad es discernir si es una amenaza a la dirección del PP, como algunas fuentes interpretan, para forzar un cierre de filas en torno a él o, realmente, el dirigente valenciano está dispuesto a enfrentarse al plebiscito de las urnas imputado y asediado por informes judiciales que apuntan a una posible financiación ilegal del partido en la Comunidad Valenciana, a irregularidades en las contrataciones con la red Gürtel y a la implicación de la trama en la visita del Papa. Las encuestas le son muy favorables al PPCV, pero unos comicios en solitario -cabría la opción de unirlos con las catalanas- pondrían todo el foco en la Comunidad.

A principios de esta semana, tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, ya trascendió que Génova veía con malos ojos un adelanto electoral. Sin embargo, el margen de reacción que Mariano Rajoy ha dado a Camps, su respaldo personal e inquebrantable, según fuentes del PP, abre la puerta a cualquier alternativa. Por si acaso, el presidente valenciano ya se ha autoproclamado candidato, prepara un macroacto para celebrar su victoria de 2007 y piensa nombrar al comité electoral.

Madrid

Los militares se podrán asociar, pero no ir a la huelga

El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, por el que se reconoce a las asociaciones militares como interlocutores.

La ministra de Defensa, Carme Chacón, explicó en rueda de prensa tras la reunión del Ejecutivo que esta norma «no verá la luz» si no consigue aglutinar el «consenso» de todas las fuerzas políticas.

El anteproyecto de ley se envía al Consejo de Estado antes que al Congreso porque, como afirmó Chacón, se quiere dar este paso para que «no haya dudas sobre aspectos legales», ya que la futura ley afecta a derechos fundamentales, informa Servimedia.

Se trata del primer texto legal en la historia de la democracia española por el que se «reconocen» las asociaciones militares como «interlocutores», así como los derechos a la intimidad y dignidad personal y de reunión de los componentes de las Fuerzas Armadas.

Aunque «los miembros de las Fuerzas Armadas podrán ejercer el derecho de reunión, no podrán organizar ni participar en reuniones o manifestaciones de carácter político o sindical. Asimismo, no podrán asistir, vistiendo el uniforme o haciendo uso de su condición militar, a manifestaciones o a reuniones de tránsito público».

En lo que a las asociaciones se refiere, el anteproyecto dice que «tendrán por finalidad la promoción y defensa de los intereses profesionales, económicos y sociales de sus asociados, y deberán respetar en sus actuaciones el principio de neutralidad política y sindical», de forma que «no podrán llevar a cabo ni amparar acciones de naturaleza sindical, como la negociación colectiva, las medidas de conflicto colectivo o el ejercicio del derecho de huelga».

ZAPATERO Y LA DICTADURA PROGRESISTA Y ANTIYANKI DEL CAMARADA-COMPAÑERO CASTRO:

AITOR HERNÁNDEZ-MORALES / Madrid

La democracia llegará a Cuba al son del 'hip hop'

La frustración de los jóvenes raperos y blogueros impulsa la transición en la isla

La transición democrática en Cuba será obra de los jóvenes, impulsada por las rimas de los raperos y el sonoro teclado de la blogosfera.

«Cuba es una isla que necesita ser invadida. No necesitamos -ni queremos- una invasión con armas, pedimos ser invadidos con información», declara Blanca Reyes, cofundadora de las Damas de Blanco, durante la presentación del Acto de Homenaje a los Demócratas Cubanos.

El evento, organizado por FAES, se celebrará en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el lunes, coincidiendo con la apertura de la Cumbre Unión Europea-América Latina.

«El apoyo que llega desde el exterior y la frustración que se vive dentro de la isla ha estado sometida a una censura absoluta por parte del Gobierno, y en muchas partes de Cuba no llega la información». Sin embargo, Reyes dice que aunque el régimen reprime como nunca, la situación empieza a cambiar.

«La juventud cubana no tiene nada en común con los dinosaurios que se mantienen en las cúpulas del poder. Están cansados de la propaganda, de las mentiras, y ahora está hablando, cantando. Los jóvenes blogueros y raperos lo están contando todo», añade Reyes.

Las ansias de libertad y democracia quedan manifiestas en las palabras de los jóvenes cubanos que intervienen en el documental Los nietos de la Revolución cubana, que se proyectará durante el acto de homenaje a la disidencia.

«Es muy difícil encontrar jóvenes en Cuba que no critiquen al Gobierno», explica a EL MUNDO una de las protagonistas del documental, la bloguera Yoani Sánchez, que forma parte de la generación de jóvenes cubanos «nacidos en los años 70 y 80, y marcados por las escuelas en el campo, los muñequitos rusos, las salidas ilegales y la frustración». «La Revolución cubana ha terminado por devorar a sus hijos» y, por eso, «los más jóvenes hemos tenido que reintentar nuestros espacios», informa Isabel Munera.

Sánchez y otros cubanos han reinventado ese espacio en internet, donde proliferan blogs como su Generación Y, o el Arroz con Punk de Deyanira Pijoan. Estos foros se dedican no sólo a narrar el día a día de la vida bajo el régimen, sino también a prestar información en directo del acoso del Gobierno de los hermanos Castro a la oposición pacífica.

«La gente que tenemos menos de 40 años vivimos en un país que no se parece en nada al que nos prometieron cuando éramos niños», explica Sánchez.

La frustración de la juventud también se manifiesta a través de la música. Los jóvenes músicos han abandonado el estilo de la Nueva Trova pro castrista y han apostado por el ritmo del hip hop. Las nuevas generaciones aprovechan los juegos de palabras y la poesía rápida del rap para reclamar la libertad que tanto desean.

«Aquí no hay libertad de expresión», denuncia el rapero Silvito el Libre, hijo de Silvio Rodríguez, el histórico trovador de la Revolución. «La mayoría de nosotros estamos censurados en la televisión y en la radio», afirma el joven músico en el documental.

Pese a la censura, la juventud sigue expresándose. La disidencia más madura se muestra emocionada por estas manifestaciones a favor de la libertad, aunque reconoce que se arriesgan mucho ante la posibilidad de duros castigos.

«La situación en Cuba es muy delicada», asegura el ex preso político Alejandro González Raga, que pasó cinco años en una cárcel cubana por criticar al Gobierno. «Comparado con Raúl, y todo lo que nos ha hecho estos últimos años, Fidel casi parece como un demócrata en toda regla».

Para la dama Blanca Reyes, «la juventud está luchando, porque su desesperación sigue aumentando. A través de los blogs y la música se enteran de los abusos, de los ataques a las Damas de Blanco, de la muerte de Orlando Tamayo. Saben lo que hizo el Gobierno con ese pobre muchacho, un albañil cuyo único delito era pensar de manera diferente».

Ante esta situación, Reyes considera que actos como el que se celebrará en Madrid -que contará con la intervención de políticos españoles y ex presos políticos cubanos- son esenciales.

«La juventud se mueve dentro de la isla. Tenemos el deber de respaldar ese coraje con todo nuestro apoyo y respaldo desde aquí», apostilla.

A juicio del escritor y disidente Carlos Alberto Montaner: «La juventud cubana no pierde el tiempo en discusiones teóricas sobre el marxismo o sobre la historia. Sencillamente, saben que sus vidas no van a mejorar nunca y se desesperan. Les interesa el aquí y ahora. Hay una distancia insalvable entre la generación que hizo la revolución, la de 1953, y los jóvenes formados tras el derrumbe del Muro de Berlín. Son dos mundos diferentes y, hasta cierto punto, antagónicos».

Á. TOMÁS GONZÁLEZ / La Habana

Un «aspirante a ministro» acusado de «mercenario»

Especial para EL MUNDO

A José Daniel Ferrer García, de 39 años, casado y padre de dos hijos, se le quebró la ideología de militante de la Unión de Jóvenes Comunistas en 1997, cuando pasó al bando minoritario de la oposición en Palmarito de Cauto, un pueblo de 7.000 habitantes en la provincia de Santiago de Cuba. Ahora cumple una condena de 25 años que le fue impuesta después de ser arrestado en la llamada Primavera Negra de 2003.

Según el acta del tribunal que le juzgó, José Daniel y otros cuatro opositores de Palmarito de Cauto «venían desempañándose como mercenarios al servicio del Gobierno de EEUU, del que recibían recursos materiales y financieros». La corte alegó que los cinco disidentes organizaban actividades contrarias a las leyes de la isla, como analizar revistas, boletines, folletos y documentos de contenidos «anticubanos, subversivos y proimperialistas» en tertulias a las que invitaban a los vecinos del mencionado pueblo. Los jueces dijeron que José Daniel, perteneciente al Movimiento Cristiano Liberación, quería ser ministro del Gobierno que se establecería después de la «supuesta caída de la Revolución».

ISABEL MUNERA

«Los octogenarios se resisten a delegar el poder en los jóvenes»

Montaner: «Les exigen un compromiso que ellos no tienen»

Cuando el cineasta Carlos Montaner decidió hacer un documental sobre los jóvenes cubanos era plenamente consciente de que no lo iba a tener nada fácil. De hecho, por motivos familiares -su padre es el escritor y exiliado cubano Carlos Alberto Montaner-, no podía entrar en Cuba. Por eso, decidió contar con un equipo externo para grabar en el interior de la isla. Otros testimonios, por el contrario, se filmaron en el exterior, pero «todas las entrevistas que hicimos», explica el director de Los nietos de la Revolución cubana, «son honestas, reveladoras y sorprendentes».

Montaner decidió aprovechar el concierto de Juanes en La Habana que se celebró el 20 de septiembre de 2009, para enviar un equipo de profesionales a la isla, que entraron en el país como turistas. El concierto les ofrecía la oportunidad de charlar de forma amistosa con los jóvenes que se habían concentrado para ver en directo al cantante colombiano.

Las dificultades que se encontraron, sin embargo, fueron muchas. «Los jóvenes querían hablar pero tenían que sentirse cómodos porque eran conscientes de que existen riesgos. Cuando la cámara no los enfocaba se soltaban y eran mucho más críticos. También nos dimos cuenta de que de noche, por lo general, los entrevistados nos abrían más sus corazones», sostiene Montaner.

Ante la cámara desfilan jóvenes trabajadores, estudiantes, artistas, escritores, anarquistas, deportistas, blogueros... «El futuro de Cuba», asegura el cineasta, que se muestra prudente al hablar del cambio en la isla: «Para que ocurra el cambio, los gobernantes tendrían que admitir sus fracasos públicamente y abrir un debate honesto donde no exista la intimidación. Esto supone un riesgo muy grande que a estas alturas no se atreven a hacer. Por otro lado, como dice uno de los entrevistados, las jóvenes generaciones no piensan igual que sus abuelos y sus padres. Quizá no tengamos un Havel todavía, pero los reformistas silenciosamente ya existen. Hay que estimularlos y seguir apoyando a los que buscan el cambio por la vía pacífica», añade.

A juicio de Montaner, el problema reside en que «los octogenarios que gobiernan el país se resisten a delegar el poder en los más jóvenes y exigen una vinculación emocional y un compromiso político que ellos no tienen. La falta de comida, los bajos salarios, el no poder viajar libremente y la falta de libertad de expresión son más fuertes que el compromiso con un hecho histórico que nunca vivieron en sus propias carnes», afirma convencido.

Los nietos de la Revolución cubana muestra la realidad de los jóvenes en Cuba desde perspectivas muy variadas. «Mientras unos se resignan porque no conocen nada mejor, otros esperan cautelosos que el cambio ocurra desde arriba o eligen el exilio. Algunos piensan que los hijos de las clases gobernantes quieren el cambio y sólo están esperando que la mortalidad se ocupe del relevo para hacer reformas», añade.

Para el cineasta, la diferencia de los jóvenes cubanos de hoy respecto a los del pasado es «que ya no se callan tanto, que son más exigentes y que buscan canales alternativos donde expresar su disconformidad, por medio de blogs, de la música o de arriesgadas protestas pacíficas».

FIRMAS: Federico Jiménes Losantos, Isabel San Sebastián, Arcadi Espada, Victor de la Serna

LA TRASTIENDA

ISABEL SAN SEBASTIÁN

El valor de una moción de censura

HACE BIEN la secretaria general de los populares en pedir elecciones anticipadas, dado que el presidente ha perdido el control del país, pero mejor haría su jefe presentando una moción de censura. La responsabilidad inherente al cargo que ejerce le exige que lo haga cuanto antes, sin más excusas, no porque la oposición sea culpable de la gravísima situación en la que estamos, sino porque España necesita urgentemente una alternativa y la única posible es la que encarna el PP.

No se trata de aritmética parlamentaria ni mucho menos de cálculos demoscópicos de esos que tanto gustan a los aparatos de los partidos. Da igual que la gane o la pierda. Lo esencial es que tenga el valor de elaborar un programa de gobierno completo y someterlo al juicio de la ciudadanía. Que nos diga exactamente en qué punto de la crisis estamos y hacia dónde debemos ir. Que cuantifique los sacrificios indispensables y los asigne a quien corresponda, especificando los nombres de esos colectivos. Que marque una meta y un rumbo para esta nación que navega a la deriva. Que nos devuelva la esperanza. Si no lo hace, si se deja llevar por las voces (incluida la suya interior) que le animan a dejar que se pudran las cosas hasta caer por su propio peso, se arriesga a heredar un erial o incluso a ser desheredado.

Por supuesto que no es el PP quien nos ha metido en este hoyo. No es su gestión la que nos ha sacado de la primera división europea y ha quebrantado nuestra soberanía hasta el punto de imponer una tutela extranjera a la política económica que se legisla en las Cortes. Ese mérito corresponde enteramente a Zapatero, quien habría dimitido el mismo miércoles si conociera el significado de la palabra dignidad. Como evidentemente no es el caso, de nada sirve pedirle que nos convoque a las urnas. No lo hará. Tampoco resolverá nada. Irá ganando tiempo, entreteniendo a sus bases con maniobras de evasión como la memora histórica o las bobadas que van ocurriéndosele a la ministra de Igualdad, y confiando en que se produzca un milagro antes de 2012.

Descartada pues la vía del honor, queda únicamente la de la presión. Y dado que los sindicatos no van a echarle movilizando a la calle (¿dónde encontrarían otro chollo semejante?) es imprescindible arrinconarle en el Congreso. Si no salen los números, al menos que queden bien patentes sus vergüenzas.

Claro que la presentación de una moción de censura requiere coraje, convicción, un proyecto político definido y ganas de llegar a la Moncloa para devolver a España la identidad que le ha querido robar su actual inquilino.

¿Cumple Rajoy esos requisitos?