CORRUPCIONES SOCIALISTAS: Saqueo socialista de los fondos de los parados

S. TORRES / J. CARO / Sevilla

El ex consejero andaluz niega trato de favor a su cuñado

El ex consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, José Antonio Viera, compareció ayer ante los periodistas para negar «trato de favor» a la empresa en la que se prejubiló su cuñado con un incentivo de la Junta de Andalucía, pero sin aclarar ninguna de las grandes dudas sobre la ayuda pública al expediente de regulación de empleo de la sociedad Delta Cuerotex SA.

Por ejemplo, Viera contestó con un lacónico «no lo sé» la pregunta de si en 2003, durante su gestión al frente de la Consejería, se autorizó algún ERE a la empresa en la que su cuñado trabajaba y cuyo comité de empresa llegó a presidir como miembro de UGT.

El actual secretario general del PSOE de Sevilla afirmó que el ERE en el que se incluyó su cuñado se firmó «en abril de 2005», cuando él ya no era consejero. No obstante, fuentes de su entorno dijeron a este periódico el sábado que el ERE se aprobó en 2003, con Viera de consejero, y que el documento de 2005 era una «adenda» al anterior.

Viera negó reiteradamente que la empresa Delta Cuerotex recibiera trato especial, al contar los nueve prejubilados con una póliza adicional para el pago de las cuotas de la Seguridad Social a partir del año 2007, pero no supo aclarar si se trata de un hecho frecuente o excepcional en todos los ERE incentivados por la Junta.

Aparte de negar insistentemente algún trato de favor o excepcional a la empresa Delta Cuerotex o a su cuñado, Viera aportó poca luz sobre las dudas que existen en relación con el gasto de unos 700 millones de euros de la Junta de Andalucía en prejubilaciones entre 2000 y 2010.

EL MUNDO ya publicó en diciembre que la Junta había estado 10 años incentivando ERE al margen de la normativa de subvenciones, justamente la misma conclusión a la que llega la Policía Judicial en su último informe remitido al juez. Ese atestado, de hecho, ha motivado la apertura de una nueva causa para investigar los incentivos de la Junta a empresas en crisis desde 2002.

El ex consejero de Empleo trató de dar ayer una imagen de unidad en medio de este escándalo, al comparecer arropado por los más altos cargos públicos socialistas de la provincia, entre ellos su enemigo íntimo el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín.

Madrid

Pepiño descarta a los imputados que se hayan enriquecido

El ministro de Fomento, el piltrafilla Pepiño Blanco, aseguró ayer que aquellas personas que estén imputadas por casos de corrupción y se les acuse de enriquecerse personalmente con fondos públicos no estarán en las listas electorales socialistas. (O sea, por ejemplo, que los socialistas imputados que hayan enriquecido a amiguetes o al partido, SÍ estarán en las listas. Es decir, que para el merluzo de Pepiño lo que en la valoración socialista perjudica, no es el ser un delincuente, es decir, el VULNERAR LA LEY, sino a quién se beneficia. ¿Entienden ahora por qué la delincuencia es práctica institucionalizada en el PSOE?)

En una entrevista en TVE, Blanco recordó que esta propuesta es lo que les «diferencia» de otros partidos, en alusión al PP, y señaló la necesidad de que los imputados estén acusados de enriquecerse porque la imputación, «muchas veces», se ha quedado «en nada».

«No se pueden adoptar decisiones que puedan luego ser erráticas y, por tanto, se ha precisado que con dar indicios de que» los casos de corrupción tengan «consecuencias personales» queda demostrado que esa actitud es «incompatible con formar parte de listas del PSOE», destacó el ministro de Fomento.

Dicho esto, Blanco aseguró «sorprenderse» de que el PP diga que con los gobiernos socialistas es cuando se habla de «corrupción» cuando durante la etapa de los populares en el Ejecutivo se «eliminó» la Fiscalía Anticorrupción con el fin de que «no se investigara» y de que «cada uno campara a sus anchas», informa Europa Press.

En este sentido, el dirigente socialista pidió «respeto» hacia la Justicia y lamentó que el PP no lo esté teniendo debido a que, cuando se trata de casos que les afectan, «señalan» a la Policía, a la Fiscalía y a los jueces, mientras que «exigen responsabilidades» cuando se trata de lo contrario.

«Eso sí es doble vara de medir. Dejemos trabajar a la Justicia y cuando haya imputados, cuando haya condenados, el PSOE tomará como siempre sus decisiones. Todos aquellos que estén imputados por corrupción y enriquecimiento, vinculado una cosa con otra, no irán en las listas del PSOE», concluyó el ministro de Fomento y número dos del partido.

ESTEBAN URREIZTIETA
EDUARDO COLOM / Palma

La juez atribuye a la socia del PSOE balear un fraude de 30 millones

Concluye que dirigió la venta a mitad de precio del mejor solar público de Mallorca

La juez que instruye el denominado caso Can Domenge atribuye directamente a la ex presidenta del Parlamento balear Maria Antònia Munar la responsabilidad de la venta del mejor solar público que quedaba en Palma, provocando que las arcas públicas del Consell de Mallorca que entonces presidía dejasen de ingresar 30 millones de euros.

La titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma ha rechazado el recurso de la ex socia de gobierno del PSOE e histórica líder de Unió Mallorquina (UM) contra el auto por el cual se acordaba sentarla en el banquillo, al que también se ha opuesto la Fiscalía Anticorrupción, y ha acordado que sea juzgada por los delitos de prevaricación, malversación y fraude por su participación en este escándalo urbanístico, desvelado por EL MUNDO.

La juez Carmen González considera que la venta del solar de Can Domenge a la promotora catalana Sacresa tras urdir el primer concurso de la Historia de España que establecía un precio máximo para vender un inmueble público, que resultaba ser, además, la mitad del valor del terreno de 52.000 metros cuadrados, «es del todo irregular en su conjunto, en algunos de sus trámites y en su resultado». «Esto es», añade, «no se trata de que haya algún detalle no conforme con el ordenamiento jurídico», sino que «el concurso de enajenación podría ser prevaricador y fraudulento en su propia concepción global». Máxime cuando otro de los concursantes, la promotora Núñez y Navarro, concurrió ofreciendo 61 millones de euros y fue eliminado.

Abunda la magistrada en que «no se trataría de meras irregularidades causadas por ignorancia o por una aplicación flexible de la ley en aras del bien común o a una finalidad legítima, sino que nos hallaríamos ante una aplicación totalmente torcida de la ley con vulneración de los intereses generales y que conllevó un grave perjuicio económico al propio Consell de Mallorca y, en definitiva, a la isla de Mallorca».

Asimismo, mientras Munar ha sostenido siempre que cuando se aprobaron las bases del concurso se encontraba enferma, la instructora considera perfectamente acreditado que dirigió en todo momento la venta a mitad de precio del solar, donde se permitía la construcción de una urbanización de medio millar de pisos de lujo diseñados por el arquitecto francés Jean Nouvel.

A su vez, recuerda que ya ha quedado acreditado que desde la institución que presidía se filtraron las bases de la licitación medio año antes de que fueran publicadas.

«En la época en la que se gestó -enero de 2006-, la imputada era presidenta del Consell de Mallorca»; «la enajenación era considerado un proyecto estrella, nunca antes ni después la institución ha enajenado bien alguno por valor superior a los 30 millones de euros». Por lo tanto, enfatiza la juez González, «sin duda Munar debía conocer cuando menos las líneas maestras del plan de enajenación». Es más, «por fuerza debía conocer, permitir y participar en la fraudulenta enajenación», apostilla.

Por su parte, y en referencia a la implicación de la ex presidenta de UM en esta operación, la Fiscalía enumera hasta 12 argumentos que prueban que fue el cerebro de la venta. Entre otros señala que «estuvo presente en cinco de los Consejos Ejecutivos en los que se elaboró el proyecto y la forma de enajenación; y conocía que si el bien se valoraba en más de 31,5 millones de euros, la presidenta perdería la competencia para controlar y supervisar el expediente». Por ello, añade, «no es que la presidenta pudiera desentenderse del expediente, es que se buscó deliberadamente que el expediente no escapara de su competencia y control».