CORRUPCIONES SOCIALISTAS: Aniversario del estallido del “chorizo de Lugo”; El ministro gasoliño; La mediación Cobián; Caso Fdo Blanco; Derivada catalana; La NO venta del chalé; La polémica urbanística; Las Cajas de Ahorros gestionadas por sindicalistas y políticos

ANA BRAVO CUIÑAS MADRID

21/05/2012 ESPAÑA

A UN AÑO DEL ESTALLIDO DE LA PRESUNTA TRAMA DE CORRUPCIÓN

'Caso Campeón': seis causas y 50 imputados

La operación judicial fue bautizada de esta forma por el apodo de su principal imputado, Jorge Dorribo

Medio centenar de imputados y seis causas abiertas es, de momento, el balance del llamado caso Campeón. Entre el 24 y 25 de mayo de 2011, agentes de Vigilancia Aduanera detuvieron en Lugo a 15 personas vinculadas a varias empresas, entre ellas Laboratorios Nupel, y a dos altos cargos del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), dependiente de la Xunta: su director general, Joaquín Varela de Limia, y un subdirector, Carlos Silva. Lo que investigaba el fisco era un fraude de subvenciones públicas, en el que los implicados captaban ayudas presuntamente asesorados por el Igape. El operativo fue bautizado operación Campeón por el cabecilla de la trama y principal imputado: el empresario lucense Jorge Dorribo, propietario de Nupel y aficionado a los rallies y a las carreras de coches.

Pero lo ocurrido era sólo la punta del iceberg. Dorribo ingresó en la cárcel de Bonxe y el caso siguió su curso tutelado por la juez Estela San José. El vuelco se produjo cuando, el pasado 4 de octubre, EL MUNDO revela que el empresario acusa al entonces ministro de Fomento, José Blanco, de cobrar comisiones a cambio de gestiones a su favor en Hacienda y Sanidad. Dorribo acusó también de cobrar comisiones irregulares a dos ex diputados gallegos, Pablo Cobián (PP) y Fernando Blanco (BNG), que abandonaron sus escaños de inmediato. Quien no lo hizo fue el ministro, cuya causa fue separada y enviada al Supremo el 3 de noviembre, con la campaña electoral del 20-N en ciernes.

Al margen de su posterior imputación y de la apertura de una causa penal, la investigación ha adquirido notables dimensiones durante el año que dura ya la instrucción e implica a diferentes administraciones: del Ayuntamiento de Lugo al Gobierno Central, pasando por la Xunta de Galicia o la Generalitat de Cataluña. Estas distintas ramas han ido desgranándose del núcleo y remitiéndose a distintos juzgados. Del caso Campeón original quedan los préstamos concedidos por el Igape y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) que presuntamente ayudó a tramitar Cobián. Fuentes consultadas auguran que, aunque la instrucción está ya avanzada, las diligencias y pruebas pendientes podrían alargar esta fase otro año más, tanto en las causas abiertas en Galicia como en el Supremo. Y ello -como desde ámbitos judiciales se comenta- sin perjuicio de que a Dorribo se le ocurra «tirar más de la manta».
ANA BRAVO MADRID
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El ministro que se reunía en la gasolinera

Nada se sabía de la implicación de José Blanco en el caso Campeón cuando la juez San José ordenaba los primeros registros y detenciones en Lugo y Santiago. Sin embargo, el caso cobró una dimensión política, judicial y mediática distinta cuando, en varias declaraciones, Dorribo pone sobre la mesa su relación con el entonces portavoz del Gobierno y ministro de Fomento. Meses después, EL MUNDO revelaba que Dorribo le había acusado de cobrar comisiones a través de la empresa de instalaciones eléctricas de un primo político, Manuel Bran, a cambio de gestiones a su favor en Hacienda y Sanidad. Precisamente, uno de estos pagos se habría realizado en una gasolinera de Guitiriz (Lugo), donde se citaron en el coche oficial del ministro para tratar las ayudas a la empresa de Dorribo, previo desembolso de 400.000 euros.
La tormenta puso contra las cuerdas a Blanco a dos meses de las generales. Pero no evitó que la juez elevase al Supremo una exposición razonada en la que apreciaba «cohecho y tráfico de influencias» en la actuación del ministro, imputado el 28 de diciembre. Otro implicado es el vicepresidente de Azkar, José Antonio Orozco, a favor del cual medió el ministro para conseguir licencias en Cataluña y la expropiación de unos terrenos en Galicia. Blanco admitió en el Supremo haber usado la expresión de «que lo miraría» en un encuentro con Orozco. Eso sí, adujo que era la «frase habitual» que usaba al reunirse con empresarios.

El diputado que pedía para los 'rallies' del hijo

.NATALIA PUGA PONTEVEDRA LA CLASE POLÍTICA GALLEGA ASISTIÓ PERPLEJA A LA CAÍDA DE DOS DIPUTADOS AUTONÓMICOS, EL POPULAR PABLO COBIÁN Y EL NACIONALISTA FERNANDO BLANCO, QUE DIMITIERON TRAS LAS REVELACIONES SOBRE SUS NEGOCIOS CON DORRIBO Y SUS IMPUTACIONES POR PRESUNTOS DELITOS DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y COHECHO.
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Su condición de aforados llevó a Estela San José a inhibirse a favor del Alto Tribunal gallego que, sin embargo, acordó no aceptar el caso y devolverlo al Juzgado Decano de Lugo porque ambos habían renunciado a su escaño.

Pablo Cobián, ligado al PP coruñés, fue la primera víctima política, al dejar su escaño el mismo día en que se hizo pública su imputación, «por respeto a los ciudadanos y para no perjudicar a la formación política a la que pertenezco». Desde entonces ha insistido en su inocencia, pero la causa sigue su curso y recientemente llevó a declarar en Lugo, como testigo, a Pilar Farjas, actual número dos del Ministerio de Sanidad y ex consejera autonómica del ramo, que se desvinculó de la tramitación de los proyectos.
Según el sumario, el ex parlamentario pidió 139.450 euros a la trama para patrocinar al equipo de carreras de su hijo. Ello a cambio de «allanar obstáculos y problemas» ante la Xunta para la concesión a Nupel de dos ayudas: un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de 2,9 millones de euros y una subvención del Gobierno gallego. La Agencia Tributaria le sitúa además de intermediario entre varios departamentos de la Administración y Dorribo y sus socios.

Los delitos 'inconexos' del ex 'conselleiro'

.N. P. PONTEVEDRA LA RÁPIDA DIMISIÓN DE COBIÁN TRAS CONOCERSE SU IMPLICACIÓN EN EL CASO CAMPEÓN PUSO CONTRA LAS CUERDAS A FERNANDO BLANCO. EL DIPUTADO Y EX CONSELLEIRO DE INDUSTRIA DE LA XUNTA BIPARTITA NEGÓ LA MAYOR, PERO DIMITIÓ 48 HORAS DESPUÉS. EN ABRIL SU CASO DIO UNA VUELTA DE TUERCA, AL VOLVER AL JUZGADO DE LUGO Y ORDENAR LA JUEZ INSTRUCTORA LA APERTURA DE UNA PIEZA SEPARADA.
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San José solicitó que se dedujese testimonio de los indicios relativos a Blanco en el sumario principal y se incoasen diligencias previas por presuntos cohecho, tráfico de influencias, fraude en subvenciones y otros delitos contra la Administración. Cree que «no existe conexión» entre esos delitos y los que se siguen en la trama de Dorribo.

Las diligencias cayeron en el Juzgado de Instrucción número 1, que dirige Pilar de Lara. Sin embargo, Blanco no se libra de San José. Solicitó el sobreseimiento de la causa y ésta lo rechazó. Esto contrarió a su defensa, que cree que debe ser De Lara quien se pronuncie como juez «competente en la pieza separada».

El sumario recoge que Dorribo pagó a Blanco 75.000 euros en concepto de «campaña publicitaria» en vísperas de las elecciones gallegas de 2009 y lo recogió en la supuesta contabilidad en B de Nupel. En ella hay pagos por 250.000 euros en concepto de «pago consell» (de conselleiro) justo después de que la Xunta diese una ayuda de 1,6 millones «a fondo perdido» a Nupel. Además, detalla que ambos acordaron en 2008 hacer negocios en el sector eólico en Camerún.

De las medicinas en unidosis a las ITV

. A. B. MADRID LA DERIVADA CATALANA , QUE INVESTIGA LOS NEGOCIOS DE DORRIBO EN CATALUÑA, SE REMONTA A LOS INICIOS DEL CASO CAMPEÓN . SUS PRINCIPALES IMPLICADOS, SERGI PASTOR Y SERGI ALSINA, TENÍAN LOS TELÉFONOS INTERVENIDOS POR ORDEN JUDICIAL DESDE 2010, CUANDO VISITAN LA SEDE DE LABORATORIOS NUPEL EN LUGO PARA CERRAR SU PARTICIPACIÓN EN LA FILIAL ANDORRANA, SALUT D' INNOVACIÓ, CON LOS QUE IBAN A SER SUS SOCIOS: EL PROPIETARIO DE LA FARMACÉUTICA, JORGE DORRIBO, Y EL VICEPRESIDENTE DE AZKAR Y AMIGO DEL EX MINISTRO BLANCO, JOSÉ ANTONIO OROZCO.
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_De las conversaciones intervenidas se infiere que los empresarios catalanes planeaban distribuir en hospitales y geriátricos catalanes los productos farmacéuticos que Dorribo iba a envasar en Andorra valiéndose de sus contactos con la Generalitat.

La trama ha puesto en la picota a Oriol Pujol, hijo de Jordi Pujol y secretario general de Convergència Democràtica de Cataluña, a quien un informe del fiscal señala como «connivente» en la operación y al que los detenidos Alsina y Pastor se refieren como «el Jefe […] el de arriba […] y el primo de zumosol».

El otro negocio tenía que ver con la «obtención fraudulenta», según el fiscal, de la concesión de las ITV en Cataluña, que dependen de la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial de la Generalitat y que durante muchos años fueron gestionadas casi en exclusiva por Applus. Con el cambio en el modelo de concesión, y después de que la Justicia paralizase las adjudicaciones, los implicados, todos acusados de falsedad documental y tráfico de influencias, aspiraban a entrar en el negocio

La casa de vacaciones que salpicó a un notario

, N. P. PONTEVEDRA
21/05/2012 ESPAÑA

Aunque la investigación por blanqueo de capitales del narcotráfico que dio lugar al caso Campeón está archivada, los vínculos de Dorribo con la comarca de Arousa han provocado en el último mes nuevas imputaciones, entre ellas la del notario lucense Manuel Ignacio Castro Gil, a quien la juez acusa de un delito de alzamiento de bienes por la supuesta venta fraudulenta del chalé de vacaciones del industrial farmacéutico en la localidad de Carril. Esta nueva infracción penal ha derivado en una causa separada del sumario. En ella, además de Dorribo, estarían también implicados su mujer, Aveline Fernández y uno de sus empleados en Nupel, Amador Fernández, ya imputado en la pieza principal del caso.

El lujoso chalé, valorado en 600.000 euros, aparece señalado en los inicios de la operación como una propiedad adquirida para Dorribo por uno de sus presuntos testaferros, Manuel Osorio, también imputado en esta causa. Sin embargo, su compra se reflejó en el Registro de la Propiedad a nombre de su esposa Aveline.

Según conversaciones que trascendieron en abril, Dorribo simuló la venta del chalé a Amador Fernández y a su mujer, Isabel López. Aquí entra en escena el notario, que registró un contrato privado entre las partes por el que el 100% de la propiedad seguía siendo de Aveline Fernández. Dorribo habría fingido la venta para eludir rendir cuentas ante la Justicia por el chalé.

El notario declaró voluntariamente ante San José y se defendió: «No entiendo la imputación», pues es «un tema puntual de una escritura de compraventa, sin relación con el resto del asunto».

Xosé López Orozco, el alcalde imputado

.A. B. MADRID
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 Consciente de la que se avecinaba, Xosé López Orozco anunció él mismo a los medios su imputación en una de las tramas que había sacudido su ciudad. Aquel 12 de marzo, el regidor de Lugo se estrenaba como presidente del PSOE gallego y había convocado una rueda de prensa para valorar el congreso socialista del fin de semana. Pero tuvo que cambiar el guión, ya que la juez San José acababa de imputarle un delito de prevaricación en la concesión de unas licencias de edificación a Jorge Dorribo. La relación entre ambos ya estaba marcada por los tribunales: una semana antes, López Orozco se había querellado «por calumnias e injurias» contra Dorribo tras la declaración de éste en el Supremo, que aludía al pago de «favores» al socialista.

En otra declaración que figura en la parte alzada del sumario, el propietario de Nupel relata el pago de patrocinios a cambio de que el alcalde le deje hacer obras en sus instalaciones de O'Ceao aplicándole una ley derogada en 2001. Dorribo tenía cuatro naves de Laboratorios Nupel en el polígono, pero la ley urbanística le impedía comunicarlas entre sí. En virtud del supuesto trato, se comprometía a poner dinero para las fiestas del Arde Lucus y para Lugo 10, el aniversario de la declaración de la muralla romana Patrimonio de la Humanidad.

Actualmente, la juez mantiene en su auto la imputación del alcalde por prevaricación, pero la separa de la trama. Él, que ya pidió el archivo de la causa, no se corta y alude con frecuencia al asunto, la última vez el pasado viernes, cuando dijo estar dispuesto a ser «actor o espectador, pero no autor, de ese sainete». El Fiscal General ordena la investigación de la gestión de las Cajas

MADRID 20/05/2012

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La Fiscalía investiga cómo se gestionaron las cajas

Torres-Dulce dice que «se están estudiando los casos en los que está pensando la ciudadanía» y entre ellos no está Bankia

EEl fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dado orden al fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, para que se depuren «todo tipo de responsabilidades penales que pudieran derivarse de la gestión de las cajas de ahorro» y se examine, entre otros asuntos, «si la percepción de determinadas cantidades de indemnizaciones pudieran estar incursas en algún tipo delictivo».
Así lo asegura el fiscal general en una entrevista concedida a Europa Press, en la que califica de «varias y variadas» las investigaciones abiertas. Concreta que entre los organismos investigados no se encuentra «de momento» Bankia, aunque no descarta que pueda llegar a suceder, y que, por ahora, tampoco existe ninguna actuación dirigida contra el gobernador del Banco de España.
«En este momento no existe ninguna investigación abierta sobre Bankia de la que yo tenga noticia; otra cosa es que pueda haberla en el futuro», dice. «Si hay algo abierto por hechos anteriores no lo puedo decir, porque no conozco todas las causas abiertas por Anticorrupción, pero sobre el último tramo de actualidad de Bankia no».
Torres-Dulce añade que él es «muy beligerante» en todos los casos de corrupción y que lo seguirá siendo por ser un asunto que le preocupa «extraordinariamente». No obstante, en la entrevista declina señalar asuntos concretos «por la debida reserva, porque están en diligencias de investigación». Y añade que «se están investigando varios casos, los mismos en los que está pensando la ciudadanía».
Según explica, hasta el momento las diligencias abiertas abarcan posibles delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental, de naturaleza societaria y fraude fiscal. «Es decir, todas aquellas actividades que de alguna forma han podido incidir en el campo del derecho penal», señala Torres-Dulce.
«Este campo, el penal, es relativamente restringido; luego habrá responsabilidades de tipo político, societario, contable o tributario. Pero todas aquellas actividades que por parte de los consejos de administración, órganos de decisión o personas que puedan tomar decisiones hayan podido haber afectado al tráfico penal societario» se están investigando, asegura el fiscal general. Las diligencias responden a denuncias recibidas «o bien a documentación que se nos ha presentado y obliga a la investigación».

Torres-Dulce aclara, no obstante, que lo que Anticorrupción no puede hacer es una inquisición general. «No vamos a investigar todo lo que haya hecho la caja x, sino aquellos comportamientos que puedan tener una relevancia penal», concreta.

Respecto del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el fiscal general afirma que le merece «la mayor de las consideraciones» y dice que «no hay ninguna investigación abierta» sobre la supervisión que ha ejercido sobre Bankia y otras cajas. «Lo que puede tratarse de defectos de gestión o de críticas con respecto a cómo se gobierna políticamente son decisiones que tendrán su juicio político o administrativo si hubiera algo, pero es que la incidencia penal es algo mucho más grave», explica.

El fiscal general del Estado sí que hace, en cambio, un llamamiento a la entidad supervisora para que colabore con la Justicia. «Lo único que tengo que pedir es que por parte de las autoridades bancarias, y sobre todo del Banco de España, se ofrezca la más completa colaboración para que podamos llevar con efectividad estas acciones que hemos emprendido», dice Torres-Dulce, que insiste en la necesidad de que la documentación necesaria para que Anticorrupción realice su trabajo se transmita «con mayor presteza».

«No se trata de falta de colaboración», matiza el fiscal general, sino de reclamar celeridad para poder ejercer «un mayor ritmo investigador». El principal representante del Ministerio Público ha explicado que comprende que las peticiones se refieren a documentaciones complejas y que el Banco de España tiene numerosas funciones, pero ha insistido en que le gustaría una «mayor rapidez en las respuesta a determinados tipos de procesos».
Preguntado por la anunciada redacción por su parte de una circular referida al tema de la corrupción, Torres-Dulce anuncia que será la primera que firme como fiscal general y tendrá que ver «con el fiscal como instrumento imparcial del derecho y garante de los derechos fundamentales». Advierte que en los últimos tiempos «está muy presente» la urbanística, la política y la referida a «financiación de partidos políticos», pero también existen otros casos «que conviene no olvidar, como son los de blanqueo de dinero de organizaciones mafiosas con una presencia en Europa Occidental extremadamente preocupante».

21/05/2012

PORTADA

La decisión del tribunal se produce en un momento en el que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha ordenado a la Fiscalía Anticorrupción que abra una investigación para depurar las posibles responsabilidades penales de los gestores de las cajas de ahorros españolas y examine si las indeminizaciones cobradas por algunos de sus ex directivos pudieran estar incursas en algún tipo delictivo.

El auto de la Audiencia de Segovia, al que ha tenido acceso EL MUNDO, relata que tanto la Fiscalía como Unión Progreso y Democracia (UPyD) interpusieron una denuncia en febrero de 2012 contra los integrantes del Comité de Dirección de Caja Segovia. Ambos denunciantes entienden que los gestores de esta entidad procedieron a «incrementar desproporcionadamente sus retribuciones con el único y deliberado propósito de incrementar de igual modo la base de cálculo de su pensión o dotación por prejubilación». En este caso, ambos entienden que podría haber habido administración desleal.

Pero el partido de Rosa Díez también entiende que puede haber más delitos societarios y contra la Seguridad Social, en concreto los contenidos en los artículos 291, 296 y 307 del Código Penal por varias actuaciones supuestamente ilegales. En primer lugar, UPyD denuncia que el entonces director general de Caja Segovia, Manuel Escribano, se acogió a la prejubilación a cambio de 12 millones de euros de indemnización «lo que de ser cierto, haría surgir la duda de si tal monto se ajusta a la indemnización que legalmente le corresponde», dice el auto.

Además, el partido magenta denunciaba que se contrató un seguro con Caser para «incrementar la pensión del director general adjunto, al igual que la del resto de los miembros del Comité de Dirección». Por último, apunta que se aprobó una dotación de dos millones de euros para José Francisco Santos, del Comité de Dirección, sin la aprobación del consejo de administración de la caja.

Todo a sabiendas de que «el mencionado Comité iba a carecer de contenido por la fusión que se iba a realizar de inmediato con Bankia», apunta la Audiencia. Además, la denuncia también añadía que el director de Auditoría de Caja Segovia pudo «cometer posibles irregularidades contables que habrían llevado a ésta a una quiebra técnica que fue salvada por la fusión de Bankia».

La Audiencia de Segovia entiende que los recursos de la Fiscalía y de UPyD deben ser estimados porque las denuncias «no pueden ser descartadas apriorísticamente». El auto también sostiene que «los hechos consignados en el escrito de denuncia sí podrían a priori tener encaje en las citadas infracciones [administración desleal y apropiación indebida]» dadas las «maniobras», relata la Audiencia, del Comité de Dirección para conseguir «desproporcionadas prejubilaciones» para sus miembros. El director general consiguió una jubilación de 12 millones de euros y el resto del Comité, un total de 30 millones de euros.

Por todo ello, el tribunal entiende que se puede haber producido un «potencial abuso de las funciones propias de su cargo en beneficio propio», con el consiguiente «perjuicio patrimonial» para la caja, que terminó en quiebra técnica.

La Audiencia ordena por tanto al Juzgado número 2 de Segovia que oficie al Banco de España y a los organismos reguladores para que informen del estado de Caja Segovia cuando se aprobaron las prejubilaciones. También requiere que especifiquen si esta entidad financiera -hoy parte de Bankia- había recibido ayudas públicas y en qué cuantía. Además reclama al juez que pida a Caja Segovia la documentación que sirvió para aprobar las prejubilaciones citadas. .